l Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dio a conocer el pasado 29 de abril un Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, en el que, con base en la disminución del consumo de electricidad debido a la pandemia y debido a los límites de operación de la red eléctrica nacional –la cual ha experimentado diversos fallos atribuibles a sobrecargas y oscilaciones electromecánicas–, quedan suspendidas las pruebas preoperativas de las centrales eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial y se suspende la autorización para el inicio de pruebas a las centrales que no las hayan iniciado.

Tal acuerdo, adoptado por instrucciones de la Secretaría de Energía (Sener), pasó inadvertido hasta que la semana pasada fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. De inmediato se desataron críticas procedentes del sector privado y de los representantes diplomáticos de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos; los dos primeros enviaron sendas cartas a la titular de la Sener, Rocío Nahle, en la que se quejaron de una modificación indebida de las reglas para la entrada en operación de plantas de generación de energía limpia y alegaron que la medida oficial pone en riesgo casi 7 mil millones de dólares de inversión.

Las empresas afectadas anunciaron que recurrirán al amparo y a instancias internacionales de arbitraje, en tanto que las confederaciones de Cámaras Industriales, la Patronal de la República Mexicana y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas condenaron en duros términos la decisión, de la que dijeron desalienta la inversión, crea incertidumbre y profundiza la recesión. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación llegó al extremo de afirmar que la Sener está desmantelando de manera ilegal el sector eléctrico nacional. En otra vertiente de las reacciones adversas, diversas voces opositoras acusaron a la Cuarta Transformación de inhibir el desarrollo de energías limpias y de incumplir acuerdos internacionales de protección al ambiente.

Las críticas por parte de gobiernos extranjeros, cúpulas empresariales y entornos políticos, académicos y mediáticos de oposición parecen estar fuera de lugar si se considera que, en una situación de emergencia como la actual, tiene que ser prioritario preservar la plena operatividad del sistema eléctrico nacional, labor a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Desde hace varios sexenios, la integridad de ese sistema se ha visto amenazada porque ha tenido que asimilar las cargas de los productores privados que han proliferado en el país, en lo que constituye un negocio en el que la empresa pública lleva la peor parte, pues se ve obligada a comprar lo que los particulares generen y a realizar para ello inversiones cuantiosas. En el caso de las energías eólica y fotovoltaica la amenaza es particularmente aguda, pues los generadores correspondientes poseen un elevado factor de intermitencia; es decir, no entregan electricidad de manera continua, con lo que la CFE debe almacenarla a ciertas horas del día y suplirla con su propia generación en los momentos en que no hay luz solar o viento.

Es cierto que la transición a energías renovables no ha sido adoptada como política de Estado y que para ello se requiere de un impulso oficial claro y decidido. Pero las críticas de supuesto cariz ambientalista a la decisión comentada son insostenibles si se considera que en la presente administración se realiza un intenso trabajo de rescate de las hidroeléctricas existentes en el país y que el acuerdo del Cenace no limita ni coarta la instalación de energías limpias; simplemente, introduce un elemento de orden y suspende su conexión a la red pública para evitar variaciones, sobrecargas y, a fin de cuentas, percances del sistema eléctrico nacional.