La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados acordó presentar un proyecto de dictamen de consenso sobre una nueva ley general de aguas y consultar el documento con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para evitar diferencias que impidan su aprobación.

Durante una reunión virtual, el presidente de la comisión, Roberto Rubio (PVEM), anunció que ya tiene un dictamen para el manejo de plásticos, pero acotó que lo distribuirá hasta que la comisión pueda sesionar de manera presencial, a fin de evitar que el documento se filtre, que lo vayan a tomar como un albazo y la industria proteste.

A lo largo del encuentro, los integrantes de la comisión abordaron distintos temas. La diputada panista Marcela Torres Peimbert sostuvo que la Secretaría de Hacienda realiza un recorte terrible al presupuesto de la Secretaría del Medio Ambiente; sé que estamos en época de emergencia, pero cuando termine la comisión debe pugnar porque se le regrese.

Rubio señaló que, en términos de gasto para el medio ambiente, vamos como el cangrejo, para atrás. Refirió que en noviembre pasado, cuando la comisión presentó su opinión de presupuesto para el sector, nos dejaron a medias.

Añadió: Por más que hablé con el secretario de Hacienda (Arturo Herrera) en Palacio Nacional, no se pudo hacer nada. La comisión ha hecho el trabajo, los que no cumplen son los de la Federación en materia económica y nos están dejando solos a los diputados.

Respecto de la Ley de Aguas, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Irma Juan Carlos, planteó buscar una reunión con la titular de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, para revisar con ella el proyecto de dictamen, en busca de un consenso con esa dependencia, para que no se complique su aprobación en el pleno.

La diputada Marta Dekker (PT) lamentó que la nueva ley se haya detenido en gobiernos anteriores, mientras se sigue privatizando y sin que haya consultas a los pueblos indígenas que decidan el destino final de sus recursos hídricos.

Dekker pidió revisar con Conagua la concesión que se amplió a Coca-Cola por 20 años, a partir de 2015, en San Cristóbal de las Casas, a pesar de que el ayuntamiento pidió que la trasnacional se retirara de la región por la sobrexplotación de los acuíferos.