l anuncio en días pasados de un recorte de 75 por ciento al presupuesto del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) despertó la preocupación de activistas de los pueblos originarios que dependen de dichos recursos para sostener proyectos que salvan vidas, como es la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena (Cami), dependiente del Programa de Derechos Indígenas de esa institución. Ante esta noticia, las integrantes de la organización enviaron una carta a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidiéndole su apoyo para mantener el financiamiento de las 34 Casas de la Mujer Indígena instaladas en territorios náhualt, mayo, mephaa, purhepecha, maya, totonaco, tsotsil, otomi, ayuujk, ikoots, mazahua, y ñu saavi. Los recortes ponen en serio peligro el funcionamiento del único proyecto de salud sexual y reproductiva creado y manejado exclusivamente por mujeres indígenas y afrodescendientes.

En un contexto de cuarentena, donde la violencia de género tiende a profundizarse, el recorte presupuestal a las Cami deja a las mujeres indígenas de regiones en extrema pobreza doblemente vulnerables: sin los recursos de atención médica que estos espacios les ofrecen y sin las redes de apoyo que representan ante experiencias de violencia. Si bien las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador minimizan la importancia de la violencia doméstica como problema social, argumentando la excepcionalidad mexicana al respecto, por la existencia de una cultura de mucha fraternidad en la familia. Los diagnósticos ofrecidos por las propias Cami y los datos presentados por múltiples estudios académicos sobre el tema, documentan que es en los espacios familiares fraternales donde tienen lugar los feminicidios íntimos, la violación sexual a menores y la violencia física y sicológica contra las mujeres. En las regiones indígenas, estas violencias se encuentran profundizadas por otras violencias estructurales, por el racismo y por las del crimen organizado. Es en estos contextos que las Casas de la Mujer Indígena representan unas de las po-cas opciones de apoyo que tienen las mujeres en regiones con poca o nula presencia estatal.

Este proyecto, surgido hace 17 años dentro del aparato indigenista, ha sido apropiado por las mujeres indígenas, convirtiéndose en espacios comunitarios fundamentales para la formación, acompañamiento y atención a mujeres indígenas, en regiones con poca o ninguna presencia institucional. Si bien en diversas ocasiones el Presidente de la República ha anunciado que los programas sociales y de salud serán prioritarios en esta crisis, el recorte presupuestal al INPI y a las Cami afectará de manera directa a población indígena que se encuentra ya de por sí en contextos de extrema vulnerabilidad. En una de las conferencias de prensa recientes del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, respondió al periodista Ernesto Ledezma que las condiciones de desnutrición y pobreza de un alto porcentaje de la población indígena del país pueden influir en que sus sistemas inmunológicos estén menos preparados para enfrentar al virus.

Si consideramos que según el Banco Mundial 80 por ciento de la población que vive en extrema pobreza en la nación radica en municipios indígenas, y que las enfermedades infecciosas son sus principales causas de muerte (intestinales, influenza y neumonía), sería prioritario no sólo no recortar los presupuestos dirigidos a esta población, sino adjudicar fondos especiales para su protección. El mismo Foro Permanente de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas ha instado a los estados miembros y a la comunidad internacional a incluir las necesidades y prioridades específicas de los pueblos indígenas para abordar el brote global de Covid-19. En vez de aprovechar los conocimientos de salud de las mujeres de las Cami, su sensibilidad intercultural y de género y su manejo de los idiomas indígenas para apoyar en las campañas de prevención contra el Covid-19, estos recortes ponen en peligro la continuidad de proyectos construidos con el trabajo de cientos de mujeres indígenas por casi dos décadas. En el documento enviado a la secretaria de Gobernación, la Red Nacional de Cami señala las capacidades que se están desperdiciando al debilitar presupuestariamente este proyecto y señalan: queremos hacer patente que en este contexto de la pandemia que enfrentamos, las Cami pueden ser aliadas muy importantes para todas las políticas de contención y de atención no sólo a la pandemia, sino también en sus efectos en la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, como puede ser en la detección y acompañamiento de casos deviolencia, incluso en la transmisiónde mensajes en nuestras lenguas y contexto de prevención e información sobre el Covid-19.

Estamos ante una crisis de salud que requiere de todos los recursos humanos con los que cuenta la sociedad mexicana y las Cami han demostrado ser proyectos de vida en regiones marcadas por la pobreza, el racismo estructural y la violencia de género. Esperemos que los sectores más sensibles dentro del gobierno actual hagan eco de estas demandas y presionen para que se respete el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados, en el que se incluye el financiamiento de las Cami.

*Investigadora del CIESAS