s una buena noticia que se haya acordado la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para dar continuidad a los trabajos institucionales de investigación que a lo largo de 2015 y hasta abril de 2016 realizaron respecto a la desaparición de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

Según el Acuerdo Internacional firmado por el gobierno de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y representantes de los jóvenes desaparecidos, el GIEI será reinstalado con las personas que lo integraron en su primera etapa, conforme a la solicitud de los familiares. En estos términos, Ángela Buitrago (Colombia), Carlos Beristain (España), Francisco Cox (Chile) y Claudia Paz (Guatemala) asumirán nuevamente estas funciones (ya no se incluyó a un quinto integrante original, Alejandro Valencia Villa, abogado colombiano). Dicho grupo tendrá una vigencia de nueve meses y rendirá un primer informe de avances a los tres meses de que haya iniciado sus trabajos (https://bit.ly/3beDkEE).

El GIEI, merced a un acuerdo del gobierno de Enrique Peña Nieto con la CIDH-OEA, tuvo un primer periodo de trabajo de nueve meses (que inició en enero de 2015) y una extensión de seis (que terminó en abril de 2016). Su papel fue fundamental para desmontar la mentira histórica que el peñismo pretendió imponer por la vía del criminalmente tramposo Jesús Murillo Karam.

Las condiciones políticas son evidentemente distintas en esta ocasión para el GIEI. Su tarea fue crecientemente obstruida por el gobierno peñista conforme se fue dando cuenta de que el grupo interdisciplinario no serviría para validar la versión oficial del caso Ayotzinapa, sino todo lo contrario. En los meses finales de su encargo, el GIEI sufrió una campaña de desacreditación en medios de comunicación que sólo podría ser impulsada desde los ámbitos del máximo poder público en el país.

Ahora, con un gobierno federal que se ha comprometido a llegar a la verdad y procurar justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, ha de suponerse que las investigaciones del GIEI avanzarán sobre rieles propicios. Sin embargo, habrá de verse si el positivo posicionamiento declarativo del obradorismo en este caso es suficiente para abrir puertas y echar luz sobre la zona oscura a la que el peñismo no permitió asomarse al mencionado grupo de expertos: el papel del Ejército en aquellas horas atroces, específicamente del 27 batallón de infantería y su jefatura, radicados en Iguala y, más genéricamente, del alto mando en la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las secretarías de Gobernación, entonces a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, y de Relaciones Exteriores, a cargo de José Antonio Meade Kuribreña, a quien días después sucedería Claudia Ruiz Massieu, hicieron saber el 3 de agosto de 2015 al GIEI que no era de aceptarse la insistente solicitud de entrevistar a 26 militares que habían estado de servicio durante la noche de Iguala: La disposición de las autoridades del Estado mexicano fue que dicha solicitud sea atendida en el marco del proceso penal. Ante ello, el GIEI nuevamente explicó al Estado que no entiende por qué ha podido entrevistar a víctimas, policías, inculpados, testigos y otros agentes del Estado y, sin embargo, en este caso es remitido a la vía penal. Cuando el GIEI aceptó interrogar a los militares en el marco del proceso penal se pusieron nuevas trabas y nunca se pudo realizar tal sesión.

¿Podrán en esta ocasión los miembros del GIEI interrogar a esos y otros militares, incluyendo al general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue secretario de la Defensa Nacional durante todo el sexenio peñista, e incluso a mandos castrenses actuales, cuando el Ejército es un sostén y operador principal del gobierno en turno? Esa será una de las pruebas de fuego de la nueva etapa de los expertos interdisciplinarios en México. ¡Hasta el próximo lunes!

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