Madrid. Juan Antonio González Pacheco, símbolo de la represión durante la dictadura fascista de Francisco Franco (1939-|976), murió ayer a los 74 años en un hospital de Madrid, víctima del Covid-19. También conocido como Billy el niño, fue uno de los ejecutores más despiadados de la Brigada General y nunca fue juzgado por sus crímenes.

Su leyenda de policía implacable y violento se tejió cuando combatió por la vía legal o ilegal a grupos antifranquistas los últimos años de la dictadura, sobre todo a los movimientos libertarios del País Vasco o los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (Grapo).

Se convirtió en uno de los policías más señalados, investigados y repudiados por lo que, con la llegada de la democracia, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica fue la primera en presentar una querella criminal por torturas y vejaciones, que en principio no prescriben, pero que nunca llegaron a un tribunal.

A principios de la década de los 70, Billy el niño ingresó al Cuerpo General de Policía, donde se convirtió en uno de los agentes más violentos de la Brigada Político Social, que dependía de la Dirección General de Seguridad, en cuya sede se perpetraron algunas de las más brutales torturas a opositores a la dictadura. Muerto Franco e iniciada la transición a la democracia, González Pacheco ingresó a la Brigada General de Información, que en realidad era una poderosa policía política que perseguía a todo aquel que levantaba un poco la voz exigiendo más libertad.

La Brigada General fue pieza clave en los crímenes de Estado con los que se pretendió aniquilar a los grupos antifascistas que perpetraban actos de violencia como los Grapo, para lo que se recurrió al secuestro y al asesinato. Los gobiernos de los presidentes electos Adolfo Suárez y después del socialista Felipe González, no sólo no persiguieron los delitos del Gonzalez Pacheco, sino que le otorgaron varias condecoraciones que le sirvieron para obtener una jubilación generosa.

Al dejar su cargo en la policía, González Pacheco se dedicó a la seguridad privada y trabajó hasta febrero del año pasado, pese a tener varias causas abiertas en su contra por delitos de lesa humanidad. La más importante de éstas se tramitó en los tribunales de Argentina, por parte de la juez María Servini.

Organizaciones de víctimas de la represión intentaron, sin éxito, que se le retiraran las condecoraciones que recibió.