Con el argumento de que no tenían condiciones materiales para realizar una videollamada, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) se negaron a dar asistencia a la familia de una víctima de desaparición, lo que en la práctica anula su derecho al acceso a la justicia y va contra las recomendaciones de diversos organismos internacionales.

Denunció lo anterior Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización civil Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, quien señaló que la pandemia de Covid-19 no puede convertirse en excusa para no hacer ningún tipo de avance en casos de desaparición forzada.

En entrevista con La Jornada, el abogado explicó que durante la primera semana de abril acompañó a la familia de Francisco Herrera, desaparecido el 24 de febrero de 2015 en Tampico, Tamaulipas, para que solicitara información sobre el caso de su ser querido a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas.

No obstante, los encargados de dicha unidad se negaron a atender a las víctimas en una videollamada, con el argumento de que no tenían los elementos necesarios para dar este tipo de servicio, por lo que no fue posible que la familia de Herrera planteara sus dudas y exigencias a las autoridades.

Gutiérrez enfatizó que la negativa de la FGR a atender a los solicitantes vía online no sólo implica anular su derecho al acceso a la justicia, sino también ir en contra de las recomendaciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como del relator especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces, Diego García-Sayán, para que los sistemas de justicia no se paralicen por el Covid-19.