Los gobiernos de los estados sí pueden adoptar medidas como restringir el libre tránsito, el derecho de reunión o imponer el uso obligatorio del cubrebocas, como parte de sus políticas para impedir el contagio del Covid-19, determinó un juez federal con sede en Coahuila, quien admitió a trámite el amparo de un ciudadano contra las medidas impuestas de la administración local, pero le negó la suspensión provisional.

El juez tercero de distrito Juan Marcos Dávila Rangel aceptó estudiar el amparo promovido contra el decreto del gobierno de Coahuila, promulgado el 22 de abril pasado, que incluye medidas para combatir la pandemia y que, según el quejoso, es un ataque a la libertad personal deambulatoria, registro de persona o detención fuera de procedimiento para verificar si se porta cubrebocas, está provisto de gel antibacterial o cualquier otro acto de investigación sobre una hipotética infección.

El juez explicó en el acuerdo que, si bien a escala federal el Consejo de Salubridad General es la máxima autoridad en este tema, los gobiernos estatales mantienen sus atribuciones: cada autoridad, de cualquier nivel de gobierno, conserva sus propias facultades y competencias para combatir la declaratoria de emergencia epidemiológica, por ser la salubridad nacional un ámbito donde coinciden todas las autoridades sanitarias del país.

Concluye que el acto reclamado no es susceptible de suspenderse por disposición expresa de la ley, ya que traería consigo una afectación al interés social.