Aunque el Tren Maya es una de las obras prioritarias del gobierno mexicano para detonar a la economía del sur y sureste del país, el proyecto no ha estado exento de críticas, desde temas ambientales y ecológicos, hasta un amparo en contra de la consulta pública realizada en diciembre cuyo resultado legal derivó en la suspensión de las obras en un tramo en el municipio de Xpujil, Campeche.

Además, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) rechazó el proyecto al advertir que el Tren Maya destruirá la naturaleza y a los pueblos originarios.

En diciembre, y previas reuniones informativas en pueblos indígenas, el gobierno federal organizó una consulta pública en los cinco estados por los cuales atravesará el Tren Maya (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo) para obtener la anuencia.

La consulta resultó favorable al proyecto, pero ciudadanos de Xpujil interpusieron un amparo en contra de la consulta pública y solicitaron la suspensión de la obra.

Incluso, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró que la consulta no cumplió con los estándares internacionales.

Un tribunal federal ordenó en febrero que el amparo fuese concedido a los ciudadanos de Xpujil, pero la construcción se detendrá sólo en ese municipio de Campeche.

Tras el fallo del tribunal, el Fonatur continuó con las licitaciones internacionales para los dos primeros tramos del proyecto, uno de los cuales fue adjudicado ayer al consorcio encabezado por el conglomerado de origen portugués Mota Engil México Sapi y la estatal China Communications Construction Company, junto con otras tres compañías mexicanas.