Sin un protocolo sanitario específico ni pruebas de laboratorio para descartar el Covid-19 (coronavirus), México recibe a solicitantes de asilo que le envía Estados Unidos para que esperen aquí respuesta a sus procesos y, además, traslada a migrantes por todo el país, mayoritariamente para su repatriación, igualmente sin medidas de protección sanitaria y/o respeto a sus derechos humanos, advirtió Alejandra Macías, de la organización Asylum Access.

Durante una videoconferencia con especialistas de Colombia y Venezuela, se refirió también al rezago de solicitudes en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar); en octubre pasado, acorde con datos obtenidos vía solicitud de información pública, más de 6 mil personas llevaban un año esperando el reconocimiento a la condición de refugiado, lo cual se agrava ante la suspensión de plazos –para analizar y resolver casos anteriores– decretada ante la pandemia de Covid-19.

A ello se añade, dijo Macías, la prohibición de que los solicitantes de refugio se movilicen a otra entidad, aun cuando sería la única alternativa para encontrar alguna red de soporte para ellos y sus familias.

En México las personas que llegan aquí para solicitar la condición de refugiado proceden principalmente de Honduras, cuya situación de vulnerabilidad se ha agravado en esta contingencia sanitaria, indicó.

En este panorama, Estados Unidos continúa deportando también a mexicanos sin atender los derechos básicos ni tomar las debidas precauciones de salud.

El Instituto Nacional de Migración (INM), a través de los acuerdos que ha hecho con Estados Unidos, no ha garantizado el principio de no devolución; continúan las deportaciones, situación que Estados Unidos ha aprovechado para violar aún más los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, añadió.

A su vez, México recibe a los migrantes que le transfieren agentes de la Patrulla Fronteriza sin ningún protocolo y tampoco garantizan los servicios de salud para estas personas, en este caso sin hacer pruebas para saber si han contraído o no el coronavirus, señaló.

Muchas de las personas recibidas han sido trasladadas de la frontera norte hacia la sur mexicana para después deportarlas.

Tenemos conocimiento que esta semana más de 600 personas iban a ser deportadas a su país de origen, esto es, sobre todo Honduras y El Salvador, lo cual también nos preocupa mucho porque el INM no tiene protocolos para identificar a las personas que necesitan protección internacional.

En este caso, añadió, se está deportando o expulsando personas a su país de origen, donde su vida podría estar en riesgo.

La videoconferencia fue organizada por la Fundación para la Justicia, dentro de la serie de conversaciones Latinoamérica y Covid-19: ¿cómo proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad?

Los especialistas hicieron énfasis en que organismos internacionales han recomendado que las personas migrantes sean liberadas y se les garanticen sus derechos humanos. Sin embargo, coincidieron en señalar que en distintas regiones las expresiones hacia esta población han sido de discriminación y xenofobia, no sólo de los ciudadanos, sino también de los gobiernos.