La liberación anticipada de prisioneros en México podría ser un buen recurso para despresurizar el sistema carcelario del país ante la pandemia de Covid-19, pero para que dicha iniciativa prospere es necesario que funcionen adecuadamente los llamados jueces de control, una figura cuyo desempeño divide opiniones entre colectivos de la sociedad civil especializados en el tema.

José Luis Gutiérrez, director de Asilegal, señaló que el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal le permitiría a las autoridades ordenar la excarcelación de personas que cumplan con diversos requisitos, como ser de la tercera edad o tener una enfermedad crónico-degenerativa, sin necesidad de esperar a que sesione el Congreso para votar la Ley de Amnistía.

Para que dicho plan funcione, dijo, es necesario que los jueces de ejecución penal estén debidamente capacitados que asuman y entiendan su labor como funcionarios que velan por los derechos de las personas privadas de la libertad, lo cual todavía no ocurre en México.

Ya sea bajo los esquemas de libertad condicionada (cuando se ha cumplido el 50 por ciento de la sentencia) o libertad anticipada (con 70 por ciento de la sentencia), se podría lograr que cerca de 30 mil personas en todo el país salieran de prisión, pero hasta el momento quienes ocupan la posición de jueces de ejecución no valoran la importancia de dicha figura y no han hecho un trabajo previo que permita las excarcelaciones mencionadas.