La instrucción de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a todas las dependencias federales para que reduzcan al menos 50 por ciento de sus gastos operativos y de servicios generales dividió opiniones entre varias especialistas, pues mientras unas consideran que el recorte pone en riesgo el cumplimiento de metas gubernamentales, otras estiman que puede ser una buena estrategia al reorganizar gastos en áreas no sustantivas.

Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de la organización México Evalúa, afirmó que se trata de una medida reactiva e impulsiva, pues con ella no se resolvería el problema de liquidez que enfrenta el gobierno ante la pandemia de Covid-19, y sí en cambio podría obstaculizar el cumplimiento de las funciones de diversos organismos.

“La pregunta es qué objetivos van a sacrificar con un recorte de esta magnitud y cómo van a afectar a los mexicanos.

El año pasado tuvimos 11 ejecutores de gasto que tenían planteado reducir su presupuesto y no lo hicieron en la medida en que se les solicitó, entre ellos la SFP. La austeridad no es sólo cuestión de decretos, sino de calcular cómo operar para no estar generando otro problema, explicó la especialista.

Entiendo que el gobierno tiene necesidad de liquidez, pero la recomendación de la Comisión Económica para América Latina es que México tome las oportunidades de crédito que tiene. El tamaño de la crisis que vamos a enfrentar es de varios puntos porcentuales del PIB, y cada punto es de 200 mil millones de pesos. Eso no se va a conseguir afectando el costo operativo del gobierno. Podríamos estar afectando servicios públicos sin siquiera salir adelante de esta recesión, subrayó.

En contraposición, Daniela Díaz, directora general del régimen de protección social en salud del gobierno de la Ciudad de México, afirmó que la instrucción de la SFP no implica una paralización de las instituciones, sino únicamente una reorganización de los gastos programados en el año, pero que no ha realizado, específicamente los no sustantivos.

“Entiendo el riesgo de que se vayan a obstaculizar actividades, pero hay una dinámica de mucho derroche material en aspectos como papel, tóner, fotocopias o computadoras.

Ahora sí se obligaría a revisar bien el tema de los gastos operativos, sin que quiera decir que a las dependencias las dejan sin dinero y sin tener cómo operar. Se disminuiría 50 por ciento de los gastos que vienen, que es un dinero que aún no se ejerce, señaló.

La investigadora recalcó que pensar en una eventual paralización del gobierno es una alarma irreal, pues muchas actividades o compras pueden reprogramarse o reorganizarse, en el contexto de un escenario económico que la pandemia ya ha trastocado absolutamente.