stá demostrado que los desastres naturales, inevitables en sí mismos, se convierten en catástrofes sociales debido a las grandes desigualdades sociales y al desmantelamiento de la capacidad de respuesta del Estado, ambos fenómenos resultado directo de la lógica con que opera el sistema económico vigente. Así, fenómenos como sismos, huracanes, inundaciones o sequías, tienen efectos particularmente devastadores sobre los sectores de la población que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad, y no es distinto lo que ocurre durante la crisis sanitaria causada por la enfermedad Covid-19.

n la actualidad la presencia de indígenas en diversas ciudades de México se ha venido a convertir en una realidad inocultable. La Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, las ciudades/frontera y en pasadas fechas los sitios turísticos del país, se encuentran entre los lugares de destino para miles de indígenas. Es justamente con la residencia de indígenas en contextos urbanos, como podemos observar que la migración indígena no sólo se ha venido a convertir en una vía para acceder a una fuente potencial de recursos o para mejorar las condiciones de vida, el fenómeno también muestra como a la migración debemos sumar el despojo de tierras y la violencia que azota a las comunidades de origen, todos los cuales son los motores que generan los cambios más drásticos en la distribución contemporánea de la población indígena. Para el caso de la ciudad de Guadalajara la presencia de indígenas se ha incrementado considerablemente. Los números así los reflejan. Por ejemplo, el 28 noviembre de 2015 en el Diario Oficial del Estado se publicó el Padrón inicial de localidades y comunidades indígenas de Jalisco, ahí se reportó que el total de indígenas en el estado ascendía a 68 mil 317 personas. Más allá de la exactitud de las cifras, existe un dato revelador: en Jalisco los indígenas vivimos mayoritariamente en la ciudad, pues del total reportado, resulta que 44 mil 727 vive en la urbe. Es decir, más de la mitad de la población indígena no vive en el contexto rural. En cinco años, sin duda los números se incrementaron.

e les ha invisibilizado siempre. Sin embargo, el número de personas jornaleras agrícolas y sus familias llega a representar casi 5 por ciento de la población nacional, más que la de un buen número de estados de la República. Cuando menos la cuarta parte de ellas son indígenas. Y vaya que su trabajo es esencial: gran parte de la actividad productora de los alimentos que llegan a nuestra mesa depende de ellas, así como la exportación de hortalizas, importante fuente de divisas.

na pregunta que en estos días de crisis, hombres y mujeres de todo el mundo nos hacemos se refiere a lo que Cuba, una nación pequeña, sitiada por la mayor potencia mundial, que le ha impedido por años recibir medicamentos, alimentos y otros insumos básicos, esté hoy dando un ejemplo de solidaridad a escala internacional, mandando brigadas médicas a países afectados por el nuevo coronavirus, sin importar que éstos cuenten con recursos económicos varias veces ma-yores a los suyos. Pero la ayuda no es sólo a estas naciones, sus brigadas médicas también han salido en auxilio de varios países hermanos de Latinoamérica que no cuentan con los recursos necesarios para enfrentar la epidemia.

l 24 de marzo, en medio de la crisis por el Covid-19, se aprobó la llamada Ley federal para el fomento y la protección del maíz nativo, con el voto unánime de la Cámara de Senadores. Con tal título muchos habrán supuesto que sería una norma para detener el asalto de las empresas trasnacionales de transgénicos sobre las semillas, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Lamentablemente, no es así. Más allá de la intención de sus promotoras esta disposición favorece intereses claves de las empresas que desde hace dos décadas quieren avanzar en el país con sus semillas transgénicas y otras de alta tecnología.

l investigador francés Didier Raoult, microbiólogo de reputación mundial especializado en enfermedades infecciosas, se encuentra en el centro de una polémica desencadenada por la pandemia del nuevo coronavirus. Este científico propone un tratamiento a base de chloroquina, más precisamente hydroxichloroquine, producto que, según Raoult y el grupo de especialistas que lo secundan, podría curar las enfermedades contaminadas por el virus a condición de seguir sus instrucciones y aplicar el tratamiento al inicio de la enfermedad. Estos especialistas dan resultados en cifras que probarían la exactitud y la eficacia de su programa. Didier Raoult es director del Instituto Hospitalario-universitario en Enfermedades infecciosas de Marsella y laureado con el gran premio del Inserm (Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica) en 2010.