Un billón de pesos en recursos públicos serán necesarios este año para absorber el costo de las pensiones, rubro que desde la administración de Enrique Peña Nieto y en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha incrementado en una proporción comparable con la reducción del gasto gubernamental en actividades productivas, según datos oficiales.

En los últimos seis años los recursos erogados para los jubilados mexicanos han aumentado más de 30 por ciento, mientras el gasto en inversión ha caído en una proporción mayor.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en 2015 el gobierno destinó 703 mil 311 millones de pesos a pago de pensiones y jubilaciones, y para 2020 la cifra programada asciende a 965 mil 202 millones, es decir, un aumento de 37 por ciento. En tanto, el gasto en inversión pasó en el mismo periodo de un billón 119 mil 985 millones a 759 mil 868 millones, desplome de 47 por ciento.

Enrique Díaz-Infante, director especialista en sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), manifestó que es preocupante que desde el sexenio anterior y en lo que va del actual se esté quitando presupuesto al rubro de inversión, concretamente al de infraestructura, al tiempo que también se recorta el de segmentos importantes para el país, como salud y educación.

Es una injusticia brutal

Desde el gobierno de Peña Nieto y en lo que va del de López Obrador se han ido recortando recursos al gasto en salud, educación e infraestructura, es decir, se ha quitado dinero a la capacidad de formaciones humanas e inversión física para pagar pensiones. Se está afectando el crecimiento del país quitando a los jóvenes educación, salud e infraestructura. Es una injusticia brutal, subrayó el especialista.

Según el PEF, en 2015 el gobierno destinó 172 mil 695 millones de pesos a la Secretaría de Salud, mientras para 2020 el monto es de sólo 128 mil 500 millones, lo cual significa una disminución de 25 por ciento.

En lo que se refiere a educación pública, el gasto ha bajado de 371 mil millones a 324 mil millones de pesos, diferencia negativa de 25.54 por ciento.

De acuerdo con estimaciones del CEEY, actualmente el gasto del gobierno en pensiones y jubilaciones equivale a aproximadamente 4.1 por ciento del producto interno bruto del país, mientras el de salud es de 2.6, el de infraestructura de 2.9 y el de educación de 5.3.

No obstante, aseveró Díaz-Infante, hacia 2030 las erogaciones en pensiones y jubilaciones serán el equivalente a 5.7 por ciento del PIB, lo cual significa que no sólo superará el de infraestructura y salud, sino también el de educación pública.

Desde el punto de vista del especialista, la lectura es simple: Los jóvenes estarán pagando las pensiones de las viejas generaciones a costa de menor educación y salud, lo que a la postre será perjudicial para el país, toda vez que los nuevos trabajadores estarán menos preparados.

Les estamos quitando la posibilidad de que se preparen mejor. Tenemos un presupuesto sicópata. Quitamos en gasto productivo para pagar pensiones.

Para el especialista del CEEY urge una reforma hacendaria, la cual incluya impuesto al valor agregado a alimentos y medicinas, pero con un sistema de seguridad universal para no afectar a los trabajadores de menores ingresos.

Además, una reforma pensionaria que aumente de 6.5 a 15 por ciento el ahorro obligatorio para el retiro, pero también medidas para obligar a ahorrar de manera voluntaria a la generación de transición.

Hoy destinamos aproximadamente 23 por ciento del presupuesto al pago de pensiones. Ya estamos en crisis, y en 2030 será el pico de ésta si no se impulsa una reforma hacendaria. Eso tendrá un costo político, pero es la única forma de tener los recursos para pagar educación, salud, infraestructura y pensiones, concluyó.