La certificación de hospitales y establecimientos clínicos en México es voluntaria, y hasta ahora sólo 343, es decir, 12 por ciento del total, tienen este reconocimiento, que otorga el Consejo de Salubridad General, con el cual se garantiza la calidad de los procesos médicos. Actualmente hay otras 167 unidades en evaluación.

José Ignacio Santos Preciado, secretario general del Consejo, afirmó que la no obligatoriedad de la certificación dista mucho de lo que el país requiere, por lo que en este gobierno se impulsará el cambio, a fin de que en cualquier lugar de la República los pacientes tengan la certeza de que son atendidos con estándares de calidad.

Además de que predominan los establecimientos privados, llama la atención que de 23 institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad que dependen de la Secretaría de Salud (Ssa), solamente seis están certificados.

Éstos son: el Infantil de México Federico Gómez, el Siquiátrico Fray Bernardino Álvarez y el Regional de Alta de Especialidad El Bajío; en tanto, los institutos nacionales son: el de Cardiología Ignacio Chávez, el de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y el de Siquiatría Juan Ramón de la Fuente Muñiz.

En entrevista, Santos Preciado recordó que en la década de los 90 se planteó hacer la certificación hospitalaria, con la finalidad de garantizar la calidad de la atención y la seguridad del paciente.

Resaltó que en Estados Unidos, Canadá y Europa los establecimientos médicos están obligados a obtenerla.

En México tenemos infraestructura y personal competente, pero es necesario que los procesos se evalúen y certifiquen.

Hasta ahora son pocas las unidades médicas del sector público que han buscado este reconocimiento. De hecho, en abril de 2018 fue la primera ocasión en que al menos una unidad de cada institución pública lo obtuvo: un hospital rural del entonces llamado IMSS Prospera (ahora IMSS Bienestar), una clínica hospital del Issste y centros de salud de Nuevo León, de acuerdo con información oficial.

El secretario del consejo informó que en el actual gobierno continuará con el esquema vigente y se harán algunos cambios que están en la fase de diseño. El Consejo ha firmado convenios con cuatro gobernadores, por medio de los cuales se desarrollarán proyectos de calidad de la atención médica, y la obligatoriedad de la certificación será gradual para los establecimientos.

Actualmente, sólo las clínicas de hemodiálisis deben estar certificadas para ofrecer estos servicios. Este dato es relevante porque las instituciones de seguridad social tienen contratos de subrogación para atender a los derechohabientes con insuficiencia renal crónica.

Santos Preciado anticipó que en el cambio y fortalecimiento que se haga del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica se incorporará al programa de acreditación del extinto Seguro Popular.