yer avanzaron en diversas fases del trámite legislativo tres iniciativas en materia de derechos humanos cuyo contenido responde a reclamos históricos de diversos colectivos. Por una parte, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la imprescriptibilidad de la acción penal contra los delitos de pederastia; además de brindar a las víctimas la oportunidad de denunciar cuando se encuentren en posibilidades de hacerlo, el dictamen turnado al Senado establece para este ilícito los mismos agravantes aplicables para la corrupción y el lenocinio contra menores de 18 años o personas que no tienen capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo.

En la misma Cámara, la Comisión de Igualdad de Género votó por que se pase al pleno un proyecto de decreto de adición a la Ley General de Salud con el cual se homologaría a nivel federal el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. De aprobarse esta iniciativa, no sólo derogaría las disposiciones retrógradas con que varias entidades han penalizado el ejercicio del aborto, sino que garantizaría la presencia de personal no objetor de conciencia en las instituciones públicas de salud (medida indispensable para evitar que los prejuicios de algunos sectores de la profesión médica conviertan en letra muerta el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos).

Por último, en el Senado, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para uniformar en todo el país la tipificación del delito de feminicidio, del cual se consideraría culpable a quien prive de la vida por razones de género a una mujer o a una persona por motivos de su identidad de género como mujer. Entre otros elementos, el texto presentado incluye una definición amplia de lo que se entenderá por razones de género, establece penas de hasta 60 años por este ilícito, y propone agravar las penas cuando la víctima sea menor de edad, esté embarazada, presente alguna discapacidad o pertenezca a un pueblo o comunidad indígena, así como cuando el perpetrador sea un servidor público que se aproveche de su encargo para cometer el delito.

Si la sola presentación de estas propuestas supone un paso positivo en el camino de la madurez política de la sociedad mexicana, si logran superar las etapas necesarias para convertirse en parte del cuerpo legal supondrán un avance civilizatorio que redundará en beneficio de toda la población: fortalecer los derechos a la integridad sicológica y sexual de los menores de edad, el garantizar a las mujeres el derecho a decidir de manera efectiva sobre sus propios cuerpos y la persecución y castigo específicos a la forma más extrema de violencia machista son sin duda causas dignas de recibir el saludo y acompañamiento de los ciudadanos.

En conjunto se trata de pasos importantes hacia la conformación de un orden legal humanista y acorde con la nueva generación de derechos humanos que comienza a ser reconocida e instaurada en todo el mundo.