La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá que determinar la responsabilidad en la que habrían incurrido la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en el caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

El segundo tribunal colegiado en materia penal, con sede en la Ciudad de México, decidió remitir a la Suprema Corte el caso de un amparo promovido por familiares de los desaparecidos, cuyo fallo en primera instancia fue impugnado por la Sedena y la ahora Fiscalía General de la República (FGR), que tiene la obligación jurídica de continuar con los litigios de la desaparecida PGR.

El juez de distrito falló a favor de los familiares, lo que fue impugnado por la Defensa Nacional y la FGR, para que consideraran que se les está señalando como culpables sin haber pruebas suficientes. Las autoridades militares señalan en sus alegatos que esta decisión les impuso: subjetivamente la certeza de violaciones graves a los derechos humanos por parte de elementos del Ejército Nacional.

Los familiares de Reyes Amaya y Cruz Sánchez aseguran que ambos fueron detenidos por autoridades policiacas y militares el 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca, y desde entonces no se tiene ninguna información sobre su paradero.

El tribunal colegiado señaló que la relevancia del caso hace indispensable la intervención de la Corte: se advierte necesario que el alto tribunal del país defina y valide con criterio de autoridad, las reglas procesales que deben observar los jueces de amparo para la tramitación del juicio de derechos fundamentales, señala en su escrito enviado a la SCJN.