Estados
Ver día anteriorSábado 25 de enero de 2020Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio
Acuerda Congreso de Sinaloa cesar a la rectora de la Universidad Indígena

Auditoría de hace dos años revela malversación de 6 millones de pesos

Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 25 de enero de 2020, p. 20

Mazatlán, Sin., El Congreso de Sinaloa aprobó un punto de acuerdo para solicitar la destitución de la rectora de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), María Guadalupe Ibarra Ceceña, por un supuesto desaseo en las finanzas, provocar daño patrimonial y encabezar una administración ineficiente, expuso en su propuesta la diputada de Morena, Beatriz Zárate Valenzuela.

La legisladora exigió iniciar las indagatorias con el fin de deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, además de la separación del cargo de Ibarra Ceceña, establecido en el artículo 132 de la Constitución de Sinaloa, el cual refiere que todos los funcionarios podrán ser sujetos de juicio político para sancionar su responsabilidad.

Zárate Valenzuela señaló que de acuerdo con la auditoría aplicada a la UAIM en 2017, existe malversación por más de 6 millones de pesos, comprobados en material eléctrico, gastos de combustible y alimentos.

Sostuvo que la rectora no es ajena a esta realidad de desaseo institucional, pues ha sido por más de 10 años funcionaria de la universidad.

Dijo además que la señora ha demostrado no ser una persona competente para administrar la UAIM, lo que ha ocasionado el quebranto patrimonial de la institución educativa.

La legisladora describió que además se desconoce el destino de 16 millones de pesos cobrados por ofrecer el servicio de apoyo y automatización de procesos en el sistema de información inmobiliaria federal y estatal, que formó parte del convenio que la UAIM suscribió en 2017 con el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Indígena de México fue aprobada en noviembre de 2019 por la presente legislatura, con el objetivo de responder a la consulta de los grupos étnicos de Sinaloa.