La Paz. El partido Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó una declaración en la Cámara de Diputados del Parlamento boliviano que insta a la presidenta Jeanine Áñez la retirada inmediata de los militares de los centros urbanos y del campo.

También exigen respetar los derechos constitucionales a la libre circulación, a la libre expresión y ante todo al derecho de vivir en paz de las y los ciudadanos de todo el territorio nacional, según el periódico boliviano Página Siete.

Así condena el operativo militar-policial iniciado el pasado jueves y denunciaron que hay milicias armadas, grupos que se movilizan a título de resistencia juvenil y se encargan de agredir a movimientos afines al presidente en el exilio Evo Morales.

La declaración cameral expresa su enérgica protesta ante la conducta del gobierno de facto de amedrentar a la población, sin justificación y con el pretexto de brindar seguridad ciudadana.

Si decidimos pacificar el país hagámoslo de corazón, no confrontando ni provocando, ha apuntado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, del MAS.

Morales, en tanto, inauguró una nueva obra vía telefónica pese a la denuncia que pesa sobre él por un hecho similar. En este caso fue la entrega del Instituto Tecnológico Yucumo, en la localidad de Yucumo, Beni.

Bittman Laura, ex directivo de la Federación de Productores de Yucumo fue quien estableció el contacto telefónico con Morales, puso un micrófono en su teléfono y Morales comenzó su discurso.

Estamos bien en Argentina. Lamento mucho todo lo que ha pasado, pero quiero decirles con mucho respeto que tenemos la obligación de unirnos y recuperar nuestro proceso de cambio afirmó Morales. En el acto, en el que estuvo presente el gobernador de Beni, Fanor Amapo.

Morales dimitió como presidente el pasado 10 de noviembre, después de que la Organización de Estados Americanos detectó irregularidades en las elecciones presidenciales del 20 de octubre y en medio de protestas populares y la falta de apoyo de policía y ejército.

Por otra parte, la Fiscalía de Bolivia anunció la admisión de una denuncia contra los seis ex magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilitaron en 2016 a Evo Morales como candidato a la relección presidencial, pese al referendo de ese mismo año en el que ganó el ‘No’ a la propuesta de reforma constitucional necesaria para ello.

Los ex jueces serán juzgados por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. El proceso se ha reconducido. Se ha decidido iniciar la acción penal desde el Ministerio Público, explicó el fiscal de materia, Cristian Durán, en declaraciones al periódico Página Siete.

Uno de los denunciantes, Gualberto Cusi, era uno de los magistrados electos en las elecciones judiciales de 2011. El mismo, junto a sus colegas Rosario Chanez y Ligia Velásquez, se opusieron a la pretensión de Morales de ser habilitado como candidato nuevamente.

Sin embargo, Cusi, Chanez y Velásquez fueron apartados de sus cargos y sometidos a un juicio de responsabilidades supuestamente por haber afectado con una resolución la aplicación de la Ley del Notariado.

Por otro lado, al término de su mandato, en 2018, los seis ex magistrados que avalaron la relección de Morales fueron designados en importantes cargos del gobierno lo cual, para la oposición, confirmó su subordinación al partido MAS.