En 2020, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene el desafío de continuar con la implementación de la reforma laboral. El primero de octubre entrará en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y 10 de sus delegaciones.

En Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, Durango, estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, las primeras entidades donde se inicia el nuevo modelo, también abrirán sus puertas los tribunales laborales federales y locales.

El titular del área de enlace para la reforma al sistema de justicia laboral, Esteban Martínez Mejía, señaló lo anterior y confió en que para el principio del periodo ordinario de sesiones del Senado, que inicia el primero de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe a este órgano legislativo la terna de candidatos para la titularidad del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Añadió que después de la designación se da como plazo 90 días hábiles para que sesione su junta de gobierno, se aprueben los estatutos, reglas de operación y manuales de procedimiento. Recordó que este centro se dedicará a la conciliación en el ámbito federal y absorbe todas las funciones de registro a nivel nacional, ya sea de sindicatos, actualización de estatutos y reglamentos, entre otros.

Martínez también informó que el primero de octubre, en los 10 estados donde iniciarán operaciones los centros de conciliación locales, cerrarán la oficialía de partes de las juntas de conciliación y arbitraje.

Detalló que a partir de ese día, dado que las juntas se dedicarán exclusivamente a abatir su rezago de trabajo –según la STPS albergan más de 238 mil expedientes, 35 por ciento del total que existen en el país–, los nuevos casos jurisdiccionales tendrán que solucionarse a través de las instancias de conciliación, y si no se logra en 45 días entonces se llevará a los tribunales.

Agregó que para el 9 de abril de 2020 todas las organizaciones sindicales deberán tener actualizados sus estatutos en cuanto a la elección de líderes sindicales, que se hagan con voto libre, directo y secreto; las reglas de transparencia y rendición de cuentas, y garantizar la participación de las mujeres en sus dirigencias.