Para definir su agenda legislativa, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados convocaron a reuniones plenarias rumbo al periodo de sesiones, que seguirá siendo de sólo tres meses debido a que en el Senado no se ha ratificado la reforma para que también se trabaje en mayo.

Los diputados de Morena se reu­nirán del 29 al 31 de enero, en sesiones con integrantes del gabinete presidencial en San Lázaro. El PT sostendrá su junta por separado, también en el recinto legislativo. El PRI, los días 30 y 31, en un encuentro al que invitaron al presidente del partido; el PAN, del 28 al 30, y el PRD, 27 y 28.

Ayer, el coordinador de Morena, Mario Delgado, anticipó que una de las primeras discusiones será la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el artículo cuarto de la Constitución, que busca garantizar el derecho a la pensión para adultos mayores y discapacitados, así como a las becas escolares.

En la Cámara, que tiene pendiente la nueva ley de remuneraciones de los servidores públicos para que nadie gane más que el Presidente, también se buscará regular la subcontratación, que no se aprobó en diciembre ante la falta de acuerdo entre las bancadas.

Morena insistirá en que se reduzca a la mitad el financiamiento a los partidos políticos, aunque ello dependerá de la iniciativa que, al respecto, envíe el Ejecutivo.

También planteará la aprobación de la ley para un fondo de financiamiento al sector agropecuario, figura que se introdujo como alternativa ante el reclamo de organizaciones campesinas que cerraron los accesos a la Cámara en noviembre.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dolores Padierna Luna (Morena), anticipó que también se prevé discutir una serie de reformas, entre otras una para constituir un registro de usuarios de telefonía móvil, que incluye restricciones a la compra de chips, como parte de una estrategia contra la extorsión.

También se presentarán reformas a la Ley Nacional de Extinción de Dominio para fortalecer la figura a nivel estatal; al Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en materia de defraudación fiscal, y a la Ley de Extradición Internacional.

Por su parte, el tricolor considera fundamental que la Cámara apruebe medidas que contribuyan a disminuir los altos niveles de violencia en el país, así como en materia económica para evitar una crisis que afecte más a México.

En el PRI también se considera como prioridad corregir la política social, con la finalidad de que, además de la transferencia de recursos por parte de los programas de subsidios, se estimule la organización social comunitaria.