l presidente López Obrador se ha mostrado atento y cercano al caso de los niños y mujeres de norteñas familias menonitas que fueron asesinados el año pasado. Ya antes recibió en Palacio Nacional a algunos de los familiares y ayer viajó hasta Bavispe, Sonora, para reunirse en privado con familiares de las víctimas.

La atención del político tabasqueño corresponde a la magnitud de esa tragedia, que forma parte de las que a diario, imparablemente y a lo largo del país se siguen produciendo. Mal haría el viajero de Palacio Nacional si no se ocupara de este caso tan preocupante. En el camino hacia ese encuentro, López Obrador subió a las redes sociales un video en el que se le ve al lado de una camioneta con una llanta ponchada, pero aseguró que aún así llegó a la cita en la comunidad de La Mora. Ahí aseguró el titular del Poder Ejecutivo que hay avances notables en la investigación del caso y dio pormenores a los familiares, entre ellos los LeBarón y los Langford.

Pero el tema tiene otras aristas. Una de ellas, la legítima determinación de varios de esos familiares en participar en una marcha a la que ha convocado el poeta Javier Sicilia para partir de Cuernavaca, Morelos, el próximo 23, con destino a Palacio Nacional en donde esperarían ser atendidos por el Presidente de la República para proponer y, de ser posible, acordar medidas eficaces contra la inseguridad pública y el dominio de los cárteles del crimen organizado. Otra arista: la vigilancia del gobierno de Estados Unidos a lo que suceda con ciudadanos con doble nacionalidad.

El encuentro fue concertado para hablar sobre temas de (in)seguridad pública. Así se convino el pasado 23 de diciembre, luego que el presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el panista queretano Francisco (Pancho) Domínguez Servién visitó Palacio Nacional. Pero ahora esa sesión se encamina al abordamiento de otro tema candente: la resistencia o abierto rechazo de gobernadores que no son del partido Morena al plan obradorista de dejar el Seguro Popular y traspasar la atención médica correspondiente al nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

El tema del Seguro Popular y el Insabi ha caído irremediablemente en la polarización de opiniones y posturas que vive el país. Ocho gobernadores panistas (no así el chihuahuense Javier Corral, quien comparte recetas de panadería con el presidente López Obrador con la misma determinación con la que aceptó entrar al esquema del Insabi), priístas, el único del Movimiento Ciudadano (Enrique Alfaro) y el último perredista (peñista, en realidad) que queda (Silvano Aureoles, de Michoacán) han rechazado el cambio, que no es obligatorio sino opcional y han asegurado que se quedan con el citado Seguro Popular.

En el terreno mediático y social también ha habido controversia intensa: las reglas de operación en general del Insabi (que tienen hasta junio como plazo para ser bien definidas y publicadas) y la realidad heredada de un aparato público de salud deficiente y cargado de corruptelas en cuanto a compras y convenios, han hecho que desde el primer día del año estén en contradicción las palabras gubernamentales que aseguran que hay gratuidad completa en esos servicios y las denuncias y evidencias de cobros, carencias y, en niveles de afecciones graves, una desatención altamente preocupante.

En ese contexto se efectuará la reunión de este martes entre los gobernadores, con su segmento de rebeldes al tránsito Seguro Popular-Insabi, con el Presidente de la República. Ya se verá si el secretario de Salud, el semiclandestino Jorge Alcocer, o el director del Insabi de impropio currículo, Juan Antonio Ferrer (un tabasqueño especializado en asuntos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, director de zonas arqueológicas, sin experiencia en asuntos de salud), arreglaron o conciliaron voluntades de esos gobernadores para que de la reunión de mañana se salga con acuerdos positivos. ¡Hasta mañana!

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