Collins en la mira de la aún PGJ capitalina
unque si solamente atendiéramos a lo que se ha dicho de su función pública no habría razón para ninguna sorpresa. Desde hace algunos días, en los pasillos de la aún Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se habla con un dejo de asombro de una investigación y una posible orden para poner frente al juez a Raymundo Collins, quien transitó en los pasados tres sexenios en diferentes posiciones dentro de los gobiernos locales.
Siempre en oficinas donde se tomaban decisiones importantes, Collins, al parecer, ha sido investigado por su desempeño en el Instituto para la Vivienda de esta ciudad, y se dice que la indagatoria tiene que ver con alguna denuncia interpuesta por un desarrollador inconforme, pero no se han querido da a conocer mayores datos sobre la situación del último jefe de la policía de la ciudad en la administración pasada.
En la gestión de Collins estaban inscritas en el Invi más de 700 organizaciones de las conocidas como vivienderas, es decir, grupos que solicitan vivienda desde el cobijo de alguna organización que los respalda. Entonces, durante la administración pasada, algunas de esas comunidades peticionarias hablaron de extorsión por la autoridad, pero esas denuncias al parecer nunca se convirtieron en una queja formal frente a alguna autoridad judicial.
De todas formas, lo que ha quedado al descubierto es que el el Invi es una de las dependencias más observadas por el gobierno actual. Debe tenerse en cuenta que el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, es buscado, incluso en terrenos internacionales, por cuerpos policiacos internacionales, debido a su gestión al frente de la secretaría en la que despachó.
Hay algo que aún no se ha revelado en las dependencias desde donde se permitía la construcción y se otorgaba la vivienda a la población necesitada, pero ya es hora de empezar a trasparentar los conflictos que pesan sobre ciertas dependencia del gobierno de la ciudad, esto porque pareciera que no existe razón legal para que las autoridades vayan en contra de los ex funcionarios.
Es más, la Auditoria Superior de la ciudad que revisó las cuentas del instituto no encontró ningún motivo para acusar de algún ilícito a Collins. Nos dicen, no obstante, que el asunto se retomó por la denuncia que realizó, hasta donde sabemos, la propia contraloría del Invi y ya se ha citado a declarar a algunos funcionarios de aquel entonces.
El asunto no tardará en salir a la luz, toda vez que los citatorios empezarán a circular abiertamente. De todas formas el asunto está bastante intrincado y merece una amplia explicación. Eso esperamos.
De pasadita
Parece que los supermercados que están impedidos por ley para meter en bolsas de plástico los productos que venden no están muy de acuerdo con el cuidado del medio ambiente que se emprendió en la ciudad.
En algunos de esos lugares las bolsas se siguen repartiendo como si nada, y en otros la bolsas biodegradables tienen un costo hasta de 40 pesos, lo que encarece, y mucho, el gasto que se hace para el abasto familiar. No estaría nada mal que las autoridades pusieran en orden a esas empresas, que si bien no están obligadas a dar esas bolsas, sí hacen daño a la economía familiar.
Una buena idea sería que el dar la bolsas a los usuarias se convirtiera en un elemento para la competencia entre esas empresas. Tal vez una medida de ese tamaño pudiera resultar en la reinvención de las formas del mercado en los supermercados. Ya veremos.
