yer comenzó sus operaciones el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en todo el territorio nacional. Creado por el Congreso de la Unión mediante una reforma a la Ley General de Salud y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud en noviembre pasado, el Insabi tiene el propósito de dar atención a 69 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social. De acuerdo con el titular del organismo, éste responde a una política de recuperación del sentido público del sector salud, por lo que, para acceder a la atención médica, únicamente será necesario contar con credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), Clave Única de Registro de Población (CURP) o acta de nacimiento.

La puesta en marcha de esta institución es una buena noticia en tanto supone un primer paso hacia la cobertura médica universal, la cual es un deber para los estados de todas las latitudes. Sin embargo, cabe preguntarse cómo habrá de hacerse efectivo el cumplimiento del acceso a la salud de la población mencionada, pues se adivina que será un reto mayúsculo atender a 69 millones de personas, muchas de ellas con padecimientos graves y complejos, y que en no pocos casos habitan zonas del país que acumulan graves rezagos en todos los órdenes. Si esto sería difícil en un escenario de recursos ilimitados, se verá forzosamente complicado por la escasez de los mismos y por la ausencia de una infraestructura administrativa de la envergadura que requiere la tarea.

Por otra parte, aunque de manera legal y simbólica el Insabi sustituye al Seguro Popular, creado durante el gobierno de Vicente Fox y continuado en los dos sexenios siguientes, es necesario recalcar que la concepción y la naturaleza de uno y otro son muy distintas. Como se señaló desde sus inicios, el Seguro Popular nunca fue un sistema de atención a las necesidades de salud universal, sino un esquema de simulación mediante el cual los últimos tres gobernantes del ciclo neoliberal encubrieron las enormes carencias en el sector, esquema que contemplaba situaciones tan absurdas como la creación de un catálogo de servicios que dejaba sin atención a los pacientes de cualquier mal no incluido en el mismo. Para colmo, a la postre se descubrió que el fideicomiso del Seguro Popular, mediante el cual la Federación pagaba a las entidades para que éstas brindaran el servicio en sus propias instalaciones, era en realidad un esquema de desvío de recursos públicos, cuyas irregularidades ascendieron a 19 mil 500 millones de pesos sólo entre 2015 y 2016.

Por lo anterior, puede sostenerse que el Instituto de Salud para el Bienestar es una institución inédita en México, cuyo arranque inaugura la búsqueda efectiva de la cobertura universal. A la vez, está claro que por su misma novedad presentará múltiples aspectos mejorables, ante los cuales habrá que tener paciencia y confiar en que se resuelvan, sin dejar de exigir que se prioricen siempre las necesidades del paciente.

No queda sino desear que el organismo se consolide y avance hacia el logro de sus objetivos, pues si así sucede sin duda redundará en el beneficio de los millones de personas que están en espera del cabal cumplimiento de su derecho a la salud.