El hostigamiento y la intimidación por el gobierno de facto de Bolivia a la residencia oficial y a la embajada de México en aquel país –donde se ha brindado protección a nueve funcionarios del gobierno de Evo Morales Ayma– no tiene precedente y es incluso mayor al que se dio durante las dictaduras militares en América Latina en el siglo pasado, señaló la cancillería.

El gobierno mexicano demandó a las autoridades bolivianas el cese de esas acciones y subsanar las omisiones que podrían configurar hechos internacionalmente ilícitos, así como garantizar que éstos no se repitan en el futuro.

En caso de que tales actos y omisiones continúen, el Estado mexicano se reservará su derecho a emprender acciones jurídicas y/o políticas ante organismos y tribunales internacionales, enfatizó la embajada de México en aquel país en una nota diplomática dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bolivia.

Respeto a la inmunidad diplomática

Por la noche, en Twitter, el canciller Marcelo Ebrard manifestó que la postura mexicana es y será que debe respetarse la inmunidad diplomática y la integridad de embajada e instalaciones de representación del país en Bolivia.

Previamente, en un comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) defendió el asilo como un acto de política exterior que se enmarca en el ejercicio de la soberanía mexicana y es congruente con su política de derechos humanos, por lo que externó su intención de seguir con las negociaciones oficiales con el fin de obtener los salvoconductos para la salida sin riesgos de los nueve bolivianos protegidos, cuatro de ellos con órdenes de aprehensión, las cuales fueron notificadas a las autoridades diplomáticas de México después de que se les otorgó el asilo.

Ante el asedio a las legaciones mexicanas, la cancillería volvió a advertir que las acciones del gobierno de Jeanine Áñez violan la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El lunes de esta semana, la SRE hizo las primeras advertencias de esta situación y envió comunicaciones oficiales tanto a la Organización de Estados Americanos, como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pese a ello, ha continuado la presencia de personal de seguridad de Bolivia en torno a las sedes diplomáticas de México.

Las relaciones entre ambas naciones se tensaron después de que el gobierno de México ofreció asilo al ex presidente boliviano Evo Morales, y a otros funcionarios de su gobierno, luego de que el ex mandatario se viera obligado a renunciar por la crisis en aquel país tras el proceso electoral en el que resultó ganador y dejó insatisfechos a varios sectores.

En su comunicado de ayer, la SRE subrayó que el régimen jurídico del asilo diplomático, construido sobre las convenciones de La Habana (1928), Montevideo (1933) y las dos de Caracas (1954), indica que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución y que será respetada la determinación del Estado asilante de continuar con el asilo y exigir el salvoconducto para el perseguido.

Con base en esas consideraciones, a nombre del gobierno mexicano la cancillería externó su deseo de continuar con el procedimiento iniciado con el Ministerio de Asuntos Exteriores boliviano para la obtención de los respectivos salvoconductos que den salida a los funcionarios bolivianos protegidos en las sedes diplomáticas de México en La Paz.

“México insiste en mantener los canales diplomáticos abiertos, la embajadora Teresa Mercado ha tenido al menos cuatro reuniones con Karen Longaric –canciller de Bolivia de facto– y mantienen una comunicación directa. En ese tenor, se ha convocado el día de mañana a la encargada de Negocios de Bolivia en México para continuar el diálogo y que explique el actuar de los funcionarios bolivianos.”

En las primeras horas del miércoles, a través de Twitter, el director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la SRE, Efraín Guadarrama, enfatizó: Cuando México ha brindado protección a perseguidos en el pasado, siempre ha sido objeto de presiones por parte de dictaduras (Argentina, Chile, Nicaragua, Uruguay, etcétera). Sin embargo, la amenaza de ingreso como la que ahora vivimos en La Paz no tiene precedente.

Mientras, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes Zúñiga, enfatizó: Estamos preocupados por la integridad física y la seguridad de los nueve asilados y de cuatro funcionarios mexicanos allá (...) No teníamos registro de que haya sucedido algo así en la historia diplomática de México. Ni en la peores dictaduras centroamericanas y sudamericanas de régimenes verdaderamente autoritarios y totalitarios, nos había pasado así.