Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México advirtieron que interpondrán un recurso legal ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para exigir que se detenga el proceso de elección del nuevo presidente de esa organización, al señalar que es ilegal.

Encabezados por Liborio Muñoz Martínez, uno de los 31 precandidatos a dirigir el gremio, afirmaron que la administración local ha intervenido en el proceso para impulsar la candidatura de Armando Bautista Ramírez, quien disputará el cargo con el líder de los trabajadores de Limpia, Hugo Alonso Ortiz, el 10 de enero.

Los inconformes señalaron que fue por conducto del subsecretario de Capital Humano de la Secretaría de Finanzas, Sergio López Montecino, que el gobierno capitalino dio línea a los secretarios generales para apoyar a Bautista Ramírez, quien procede de la sección 33, Sistema de Desazolve, y es parte del actual Comité Ejecutivo General del sindicato.

Acusó al funcionario de convocar a una reunión a los secretarios generales del gremio, de los cuales asistieron 26, donde les comentó que mediante una videollamada, la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum Pardo) determinó que sea Armando Bautista el candidato para ocupar la presidencia del sindicato. Y se disciplinan todos a él.

Aunado a ello, Muñoz Martínez denunció que se violentaron los estatutos de la organización al poner trabas a quienes aspiraban al cargo y ser parte de las dirigencia de las secciones o del Comité Ejecutivo General al imponer como condición que para ser candidato se requería el apoyo de al menos 20 por ciento de los secretarios generales.

Quedan dos candidatos y un montón de inconformidades, agregó, por lo que la demanda de la base trabajadora es que eso no puede quedar impune, pues todo el proceso está amañado y lo que se requiere es democratizar a la organización.

Por ello, exigió que se convoque a un congreso general ordinario para sentar bien las bases del procedimiento de elección del nuevo presidente para los próximos cuatro años y se emita una convocatoria legal, pues de lo contrario se interpondrán las denuncias legales correspondientes.