El gobierno federal expresó su preocupación por la postura de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en la que sostuvo que la consulta indígena sobre el Tren Maya no cumplió con todos los estándares internacionales.

Al calificar de aventurado y sin fundamento señalar que las comunidades hayan aprobado el proyecto a cambio de recibir atención a sus necesidades básicas de infraestructura, indicó en comunicado que la ONU-DH México pierde objetividad y asume la posición de una militancia social opositora, y rechazó algún tipo de manipulación.

El pasado 19 de diciembre, el organismo internacional dijo que la información presentada a las comunidades contiene únicamente referencia a posibles beneficios y no a los impactos negativos que pudiera generar, y afirmó que por la forma en que se presentó el proceso, los representantes de las comunidades dieron su aval al proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda y contar con un medio ambiente sano.

Con las descalificaciones de distintas voces, en especial la ONU-DH, se está prejuzgando sobre hechos futuros relacionados con el proyecto de desarrollo, (y) abonan a un clima de incertidumbre y de falta de respeto a la legítima voluntad que han expresado las comunidades indígenas, indica la respuesta emitida ayer en conjunto por la Oficina de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación.

Al enumerar una serie de precisiones, se agrega que como parte del proceso de diálogo fue oportuno y complementario que las comunidades indígenas presentaran temas de desarrollo económico, social, territorial y de infraestructura, pero no hubo quien cuestionara que el respaldo fue a cambio de cubrir sus necesidades básicas de infrarestrutura o denunciara despojo de tierras.

La ONU-DH México pierde objetividad y asume la posición de una militancia social opositora, válida y respetable desde luego, cuyo único resultado satisfactorio habría sido el rechazo del proyecto, lo cual no fue el caso. Con esta actitud se aparta de su misión de construir las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos, aseveró el gobierno federal, al tiempo que lamentó que quienes están en contra del proyecto no hayan acudido al ejercicio.

Recalcó que la consulta indígena tuvo un carácter vinculante, como se había anunciado desde el 15 de noviembre en la convocatoria, por ello es falso que no se haya contemplado obtener el acuerdo o consentimiento de las comunidades consultadas como lo afirma la ONU-DH México.

La consulta se sujetó a reglas y se presentó la información en cuatro idiomas de la región, gracias a lo cual, durante las asambleas regionales consultivas, participaron 68.40 por ciento del total de comunidades, apuntó.