En la última década el panorama migratorio mexicano se ha vuelto muy complejo. Hay dinámicas paralelas: la primera es la emigración tradicional de mexicanos hacia Estados Unidos; la segunda, el retorno de connacionales que radican en el extranjero. En tercer lugar está el creciente tránsito de personas desde Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y África que buscan cruzar el río Bravo. La última y también en aumento es la inmigración de quienes estaban de paso hacia el norte, pero que permanecen en territorio mexicano.

México se ha convertido en un refugio para los migrantes, según plantea en sus investigaciones Laurent Faret, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).

Se quedan en el país porque no pueden cruzar la frontera hacia Estados Unidos, o porque lo lograron y fueron expulsados y no tienen posibilidades inmediatas de regresar a su nación de origen.

También optan por permanecer en territorio mexicano por su limitada capacidad para apoyarse en redes de ayuda en su trayecto al norte, por su insuficiencia de recursos económicos y sociales para seguir su viaje o porque son víctimas del crimen organizado, de acuerdo con información del Seminario Permanente de Investigación sobre Migración México-Canadá-Estados Unidos, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cifras al alza

Tradicionalmente, entre 140 mil y 400 mil personas cruzaban el país cada año con destino a Estados Unidos o Canadá, aunque recientemente estas cifras se han disparado. Tan sólo en los primeros seis meses de 2019 se contabilizó el ingreso a México de 460 mil migrantes, según el Instituto Nacional de Migración (INM). La mayoría proviene del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador.

Migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y países africanos completan la población en tránsito por México.

La violencia, la exposición a riesgos y la imposibilidad de acceso al mercado laboral en sus países de origen los llevan a dejar su tierra, y se estima que una de cada tres de estas personas se quedan en México y que predominan quienes no poseen permiso de entrada o que tiene documentos que expiraron.

Para Faret, la instalación de centroamericanos en México no puede ser vista como un fenómeno homogéneo, y no responde “a un sistema de causalidad simple. En primera aproximación, se puede considerar que va desde un cruce que se prolonga de manera constreñida –semanas o meses– hasta un cambio del proyecto inicial, el comienzo de una dinámica de asentamiento que va prolongándose a lo largo de los meses y años”, según indica en trabajos publicados por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales.

Sin derechos

En su visión, la población en movilidad tiene implicaciones en todos los sectores de la sociedad, como por ejemplo los de producción y los mercados laborales. Sin embargo, en México se invisibiliza a las personas que deciden permanecer y por ende se les quitan sus derechos y son privados de los elementos para cubrir sus necesidades. Una de las consecuencias de la migración es la vulnerabilidad, pues con frecuencia ponen en riesgo la vida.

De acuerdo con informes publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, en la migración en búsqueda de mejores condiciones de vida hay espacios donde ocurren violaciones a los derechos humanos y laborales de los que llegan a México, pues en la medida en que la condición del empleo es irregular y la inserción de los trabajadores sin documentos se hace en la economía informal, esos espacios se hacen más amplios y complejos.

En el libro Migración laboral, editado por el IIJ, se señala que casi seis de cada 10 salvadoreños, guatemaltecos y hondureños que se instalan en México trabajan. En el caso de los ciudadanos de El Salvador, 25 por ciento de los hombres se desempeña en el país como profesionistas o técnicos, más de 40 por ciento son artesanos o se ocupan de labores elementales y de apoyo, y sólo 2 por ciento son jefes o directores.