Caracas. Un militar murió ayer durante un asalto a un destacamento de la fuerza armada venezolana en el sur del país, informó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien atribuyó el ataque a opositores respaldados por el gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

La madrugada de este domingo fue asaltada una unidad militar en el sur del país por sectores extremistas de la oposición, y fue robado un lote de armas de dicha unidad, tuiteó Padrino. Agregó que en este ataque terrorista resultó muerto un efectivo del ejército.

Según el ministro de Defensa, las unidades militares y policiales de la zona “se activaron de manera inmediata y enfrentaron a los asaltantes, dando inicio a una persecución contra estos grupos; al final se lograron recuperar todas las armas.

En este momento los detenidos están aportando información de interés criminalístico y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y demás organismos de seguridad del Estado están activados en persecución del resto de los terroristas, informó.

Por su parte, el vicepresidente venezolano y ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dio a conocer en redes sociales que estos criminales fueron entrenados en campamentos paramilitares plenamente identificados en Colombia, y recibieron la colaboración artera del gobierno brasileño de Bolsonaro.

Rodríguez detalló que el Sistema Defensivo Territorial de la Fuerza Armada repelió el ataque y lograron la captura de seis ciudadanos implicados en el caso, así como la recuperación de las armas que habían sido robadas.

Destacamos la acción efectiva de nuestra gloriosa FANB, y de nuestros cuerpos de seguridad, que han impedido todas las acciones criminales de la derecha fascista que intentan empañar, sin éxito, la feliz Navidad que todas y todos merecemos. Venceremos!, tuiteó.

Mientras, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, afirmó que el “grupo de mercenarios que ha pretendido generar violencia y que hoy asaltó la unidad militar en Gran Sabana, tiene su base de operaciones en Perú, de donde llegan por Colombia y reciben apoyo en Brasil.

Las autoridades peruanas son al menos cómplices al permitir que estos terroristas se organicen, sentenció Arreaza en un tuit.

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió en el batallón 513 Mariano Montilla, en el sector Luepa, del municipio Gran Sabana, en el estado fronterizo de Bolívar.

En otro tema, el gobierno de Nicolás Maduro acusó al jefe de asuntos exteriores de la Unión Europea (UE) Josep Borrell, y a la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, de entrometerse en los asuntos de Venezuela y de apoyar a los actores violentos en el país sudamericano.

Caracas expresó en un comunicado que las posturas de Borrell y Bachelet representan un llamado a no bservar las leyes y normas del ordenamiento jurídico y se traducen finalmente en soterrados apoyos a los actores políticos violentos.

La declaración del gobierno venezolano se da un día después de que Borrell rechazó el retiro de la inmunidad y los procesos judiciales que se iniciaron esta semana a cuatro diputados opositores por rebelión y traición a la patria, hechos que consideró una grave violación a los principios democráticos y la constitución, y planteó que la solución pacífica sólo puede lograrse si la Asamblea Nacional es respetada.

La oficialista Asamblea Nacional Constituyente retiró el pasado lunes la inmunidad y aprobó la apertura de procesos a los diputados Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano y Luis Stefanelli, por traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes. Asimismo, se ordenó la detención de otros dos diputados opositores, quienes fueron señalados de participar en un supuesto complot.

Bachelet manifestó la víspera preocupación por la detención el viernes del diputado opositor Gilber Caro y su asistente, e instó a las autoridades venezolanas a respetar el derecho al debido proceso y abstenerse de actos intimidatorios contra miembros del Congreso, de mayoría opositora, por el ejercicio de sus derechos.