Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó un paquete de reformas para tipificar la violencia política de género, y a partir de ahora la presidencia del Consejo General del INE habrá de recaer alternadamente en personas de sexo distinto –por lo que el próximo titular deberá ser mujer–, y se le negará la candidatura a cualquier hombre cuando éste pretenda eludir la paridad de género en las fórmulas electorales.

A esta enmienda se sumó en San Lázaro una medida en defensa de los derechos y la vida de las mujeres. El pleno cameral aprobó una reforma al artículo 301 del Código Penal Federal, con objeto de imponer penas de cárcel a quienes inflijan lesiones en razón de su género: Al que cause lesiones a una mujer en razón de su género se le impondrán de 10 a 15 años de prisión.

Se considera que existen razones de género cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, o que previo a la lesión causada existan datos que establezcan que se han cometido amenazas acoso o violencia del sujeto activo contra la víctima. Y la pena de cárcel se elevará si entre el agresor y la perjudicada existió una relación sentimental, afectiva o de confianza, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita que en virtud de esa relación fueron provocadas las lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, se impondrán de 15 a 20 años de cárcel.

Al proseguir el trámite aprobatorio de ese cambio al Código Penal, la mesa directiva anunció que existía una reserva promovida por el Partido Verde, tendiente a reducir de 10 a tres años de prisión la pena mínima. Eso generó indignación entre la bancada del PT. Y para defender esa adición subió a tribuna el morenista Rubén Cayetano, quien se dice experto en derecho, pero dejó perplejo a más de uno en el pleno.

Un violador en tu camino

“Soy defensor de los derechos humanos y también de los derechos de las mujeres. Estamos indignados todos por la violencia contra ellas, pero en esta reforma, en este dictamen en su origen se establece como pena mínima 10 años. Luego, una pena máxima hasta 25 años, y luego los dos tercios que se llegan a computar, hasta 32 años por lesiones simples. Sí, y es totalmente desproporcionado. Las lesiones, según las modalidades, no pueden llegar a tan alto grado de penalidad por una bofetada que deje marca o por haberle roto un dedo (a una mujer)…” Tal postura le granjeó, desde el sector petista, la consigna: “¡el violador eres tú…!”

El pleno perdió compostura. Arturo Escobar, quien promovió la reserva optó por retirarla, no sin antes justificarse: lo pidió el grupo mayoritario, y ante los reporteros se sinceró al acusar a Lorena Villavicencio y Rubén Cayetano de ser los portavoces que le propusieron elevara la propuesta a cambio de respaldar el dictamen, porque a los verdes les interesaba su aprobación para usarlo como bandera política.

Y ya entrados en tal desorden, Antonio Ortega Martínez, de la corriente de los chuchos del PRD le gritó al coordinador del Verde: “¿Porqué la retiras, si somos mayoría? No es lo mismo arrojarles ácido (a las mujeres) que arrojarles cal…”

Y por lo que hace a la violencia política contra las mujeres se aceptó por mayoría fortalecer la igualdad sustantiva y frenar el flagelo del que son objeto.