La Cámara de Diputados votará el martes una nueva ley de remuneraciones, que en cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé una fórmula para calcular y definir el salario del presidente y los de la administración pública, el Poder Judicial, el Congreso de la Unión, los órganos autónomos, la Fiscalía General de la República, Banco de México, Pemex, Comisión Federal de Electricidad e incluso las universidades públicas.

El límite máximo de ingreso de funcionarios será hasta de 98 por ciento del que reciba el Ejecutivo federal, define el dictamen de la Comisión de Transparencia, que plantea abrogar la ley aprobada por Morena el año pasado, la cual impugnaron distintos funcionarios, lo que llevó a una sentencia de la Corte que invalidó porciones de ese precepto.

La Corte ordenó al Legislativo aprobar un método de definición salarial del Presidente a más tardar en el periodo de sesiones que termina el jueves 12; ante ello, Morena planteó una compleja ruta de cálculo basada en cuatro mecanismos.

Primero, utilizar la definición de un PIB per cápita, resultado de dividir el nacional entre el índice poblacional, y uno de referencia, que se obtendrá del promedio del PIB per cápita de los tres años anteriores.

Luego, un límite máximo de referencia, que se obtendrá primero de multiplicar el PIB per cápita de referencia por los grupos jerárquicos del gobierno federal y, el resultado, dividirlo entre el monto del salario mínimo general vigente, y un límite mínimo de referencia que se obtendrá, a su vez, de dos operaciones.

Estas son: el PIB per cápita de referencia multiplicado por dos, que a su vez se dividirá entre el monto del sueldo mínimo general vigente anualizado.

El salario resultante no será fijo para todo el sexenio, sino que se podrá actualizar conforme a la inflación e incluso bajo situaciones extraordinarias económicas, que obligan a la Cámara a aprobar un incremento de urgencia a las remuneraciones de todos los funcionarios, aunque este no podrá ser mayor al ajuste del mínimo general.

Además, para definir anualmente las percepciones del Presidente, se prevé que la Comisión de Presupuesto convocará a audiencias públicas sobre el tema, a las que no serán invitados funcionarios.