atisfecha y oronda quedó la cúpula empresarial con Ricardo Monreal, uno de sus guaruras legislativos, tras que éste maniobró en el Senado para evitar que llegara al pleno el dictamen de la iniciativa que daría la puntilla a la práctica del outsourcing ilegal. Tanto, que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, sin recato alguno aplaudió la decisión.

Pero, al final de cuentas, ¿qué provocó el pánico entre los organismos empresariales y la siempre oportuna intervención del maniobrero Monreal? El outsourcing fue legalizado en las postrimerías del sexenio calderonista (septiembre de 2012) como un regalo adicional al capital privado, lo que provocó que las empresas dedicadas a estos menesteres crecieran como la espuma, dado que esta práctica, amén de evadir al fisco, genera multimillonarias ganancias.

¿Qué argumenta y propone la iniciativa del senador morenista Napoleón Gómez Urrutia? Entre otros elementos, que el modelo neoliberal, junto con prácticas indebidas de las autoridades, contribuyeron a que se desatara una grave problemática que incide en distintos ámbitos, pero de manera directa en el laboral, de seguridad social, fiscal y penal, especialmente durante los tres últimos sexenios. Fue primordialmente en ese periodo en el que se agudizó un gravísimo problema en México, consistente en la proliferación y crecimiento de grupos delincuenciales que invadieron el país con esquemas ilegales de subcontratación denominados con el anglicismo de outsourcing.

La administración pública durante ese largo periodo fue complaciente y muchas veces cómplice de esta actividad criminal que impacta directamente en los derechos laborales de las personas trabajadoras, entre ellos el de sindicación y los de seguridad social, así como una merma al fisco federal y al IMSS.

Para subsanar “las múltiples violaciones de derechos laborales cometidas durante el lapso en el que se han llevado a cabo estas conductas ilícitas y delictivas, y propiciar la restauración del orden jurídico laboral vulnerado (…) se propone la obligación para el contratante que hubiere sido omiso en el pago del reparto o participación de las utilidades (…) de cubrir espontánea o voluntariamente a las personas trabajadoras afectadas en el monto total correspondiente al reparto o participación de utilidades omitido durante el periodo de subcontratación ilegal”.

Lo anterior, “para garantizar la vigencia efectiva de los derechos laborales de los trabajadores que se encuentran bajo ese régimen, ya que con ello se les estará reparando la vulneración perpetrada con todo dolo por parte de las empresas de outsourcing de carácter ilegal producto de actos simulados. Ningún derecho humano puede ser susceptible de alteración, pues son los elementos supremos de nuestro orden constitucional; es decir, son los parámetros de regularidad que dotan de fuerza y eficacia a nuestro sistema jurídico”.

La importancia de la propuesta,radica en hacer precisiones e incorporar medidas tendientes a que sólo puedan operar empresas de subcontratación de personal que estrictamente se ajusten a los parámetros de ley, erradicando aquellas que han venido operando de manera ilegal al simular situaciones en detrimento de los trabajadores de México y del fisco federal. Además, la iniciativa recoge en buena medida lo vertido en el parlamento abierto en materia de justicia laboral, libertad sindical, negociación colectiva, subcontratación y personas trabajadoras del hogar, celebrados los días 23, 24 Y 25 de julio del presente año.

Las rebanadas del pastel

El CCE, que preside Salazar Lomelín, califica de inconstitucional la citada iniciativa. ¿En serio? ¿En ese concepto caben el combate a la evasión fiscal y a la sistemática violación a la Ley del Seguro Social, y la defensa de los derechos laborales? (el texto íntegro de la iniciativa se puede consultar en: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/ gaceta/64/2/2019-10-29 -1/assets/documentos/Inic_Sen_Napoleon _Seguro_Social_291019.pdf).

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