Tegucigalpa. Un tribunal hondureño condenó ayer a 50 años de cárcel a cuatro hombres por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres (1971-2016), mientras otros tres implicados recibieron penas de 30 años de prisión.

Henry Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Óscar Torres fueron sentenciados cada uno a 34 años de prisión por ser los autores materiales del asesinato de Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el 2 de marzo de 2016.

Los cuatro fueron condenados también a 16 años de prisión por tentativa de asesinato del mexicano Gustavo Castro, quien esa noche acompañaba a Cáceres en la casa y al que dejaron herido creyendo que había muerto.

El mayor del ejército Mariano Díaz, gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos SA, Sergio Rodríguez, y el ex jefe de seguridad de esa compañía, Douglas Bustillo, cumplirán 30 años de reclusión, según el fallo.

El Copinh señaló que la sentencia a los autores materiales del asesinato no termina con la impunidad y exigió que sean procesados Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah por el asesinato de la ambientalista.

Lucía Villars, vocera de la Corte Suprema de Justicia, declaró a la agencia Afp que la defensa tiene 20 días para presentar un recurso de casación, en el cual la condena puede ser ratificada o modificada.

El tribunal había declarado culpables el 30 de noviembre de 2018 a Bustillo, Rodríguez y Díaz por haber contratado a los cuatro pistoleros por 4 mil dólares para que mataran a la ambientalista.

Cáceres estaba esa noche en su casa, ubicada en la comunidad occidental de La Esperanza, cuando los cuatro sicarios forzaron una puerta para ingresar a la vivienda y matarla a tiros.

Según la sentencia, los ejecutivos de DESA ordenaron el asesinato de Cáceres por organizar manifestaciones para impedir la construcción de una hidroeléctrica en el río Gualcarque, en territorio indígena.

Cáceres había denunciado amenazas del personal de DESA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dictó medidas cautelares para su protección.

Por el crimen también está preso desde marzo de 2018 el presidente de DESA, David Castillo.

La familia de Cáceres denunció un atraso en el juicio contra Castillo, supuestamente para favorecerlo, y acusan a influyentes banqueros que financiaban el proyecto hidroeléctrico como coautores intelectuales del crimen.

Cáceres era reconocida mundialmente, por lo que Estados Unidos, la Unión Europea y la comunidad internacional exigieron castigo para los culpables de su muerte.