Buenos Aires. “Lo que estamos viendo hoy aquí es una clase práctica de lawfare (guerra jurídica) en Argentina, llevada a cabo por los integrantes del tribunal que se habilitó para perseguir a líderes políticos y que fue un plan ideado por el gobierno saliente por conducto de organismos como la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera”, sostuvo ayer la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, al declarar en un forzado juicio oral, en lo que se consideró el último acto de persecución política, a una semana de la toma de posesión de las nuevas autoridades.

Fernández de Kirchner solicitó nuevamente que fuera televisado su descargo ante el Tribunal Oral Federal número dos, que trasmitió la acusación, pero se prohibió la presencia de canales televisivos, mientras en las redes y en las calles cercanas a los tribunales los seguidores de la ex mandataria llevaban carteles con la frase: queremos escuchar a Cristina.

La ex mandataria sostuvo que la articulación de los medios de comunicación hegemónicos y el aparato judicial con el objetivo de demonizar y destruir a los líderes de los gobiernos populares y democráticos, se ha transformado en un plan sistemático.

Esta causa por la que se le juzga está a punto de caer por ausencia de pruebas, y porque se comprobó la falsedad de la pericia solicitada por el juez Carlos Bonadío, el perseguidor eterno de la ex mandataria.

Fernández dio una conferencia magistral sobre el tema de las violaciones constitucionales y otras que se han sucedido durante el gobierno de Mauricio Macri.

Preguntó a los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu: ¿no les parece de trascendencia pública que la vicepresidenta electa esté aquí sentada, acusada de integrar un asociación ilícita?

Luego sostuvo con ironía: soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas. No sé cómo tuve tiempo para gobernar este país, y cuestionó la cantidad de procesos que un sector de la justicia generó en su contra al afirmar que este juicio por obra pública está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para crear una asociación ilícita con un empresario de la construcción de Río Gallegos para venir a Buenos Aires a saquear las arcas del Estado.

Se refirió a Lázaro Baez –amigo del fallecido Néstor Kirchner–, quien está detenido ilegalmente desde 2016 por este supuesto cobro de sobornos, quien recientemente acusó a jueces y fiscales de presiones y amenazas de todo tipo contra él y su familia para que involucrara a Fernández de Kirchner.

En otra parte de su declaración en el juicio, denunció lo que sufrieron Máximo y Florencia, sólo por ser hijos de Néstor y Cristina. Recordó que en estos tiempos la despojaron de todos sus inmuebles, sus alquileres no percibimos nada, Bonadío nos impidió tener a mí y a mis hijos tarjeta de crédito, esto sucede en la república argentina. Ahí están los inmuebles abandonados y deteriorados.

Al finalizar su exposición, la aún legisladora afirmó que los jueces ya tienen la condena escrita y habló de que hay magistrados a la carta del gobierno; a mí me absolvió la historia, a ellos los va a condenar.