Mexicali, BC., El morenista Jaime Bonilla Valdez dijo que en su gobierno no hay vacas sagradas y se va a combatir la corrupción y a investigar desde dentro las infiltraciones de otras administraciones, al referirse a los señalamientos sobre aportaciones económicas de empresarios para obtener contratos, lo que propició la separación de dos de sus funcionarios de primer nivel: Jesús Damián Núñez, oficial mayor, y Cynthia García Soberanes, secretaria de Integración y Bienestar Social, acusados de orquestar un esquema para obtener recursos financieros de compañías que serían beneficiarias de contratos de gobierno.

Este lunes, el ex diputado local Héctor Mares Cossío, cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, rindió protesta como oficial mayor, en lugar de Damián Núñez, mientras la ex diputada Laura Torres, quien se desempeñaba como directora del Instituto de la Mujer en Baja California, hizo lo propio como secretaria de Integración y Bienestar Social, en sustitución de García Soberanes, quien supuestamente enfermó a causa de estas acusaciones y se encuentra hospitalizada.

El operador de dichas aportaciones económicas es Rosendo Colorado, ex diputado priísta quien fungía de director de Promoción en la Secretaría de Integración y Bienestar Social y dijo haber recolectado más de 20 millones de pesos de al menos dos empresarios con la promesa de obtener contratos de comida para internos de las cárceles y desayunos escolares.

Luego de no ser beneficiados con los contratos, los donantes exigieron la devolución del dinero, según Colorado, y quedaron pendientes 4 millones de pesos.

Bonilla Valdez dio a conocer que la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa, indaga estos presuntos casos de corrupción. No somos lo mismo que la anterior administración (encabezada por el panista Francisco Vega de Lamadrid), donde no despidieron a ningún funcionario.

El viernes pasado, el oficial mayor Jesús Damián Núñez, y la secretaria Cynthia García, señalados por Rosendo Colorado, solicitaron licencia a sus cargos tras el escándalo que generó la revelación, en el primer mes de gestión de Bonilla Valdez.

Otro involucrado es el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien habría estado en una de las reuniones donde se mencionaron dichas operaciones.

Las investigaciones en el ámbito penal las efectúa la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta que se designe al fiscal anticorrupción de entre la terna que Jaime Bonilla enviará esta semana al Congreso.

Secretario de Gobierno niega irregularidades

El dirigente del Partido Acción Nacional en el estado, José Luis Ovando, presentó el viernes una denuncia ante la FGE por el delito de cohecho en contra del propio Bonilla, de Núñez, Colorado y García Soberanes.

Rodríguez Lozano rechazó las acusaciones de anomalías en contratos y afirmó que hay personas molestas por nuestro trabajo contra la corrupción.

Anunció que presentarán más denuncias contra funcionarios de la administración de Vega de Lamadrid. Hace dos semanas presentó una querella contra el ex mandatario panista y cinco de los miembros de su gabinete por el desvío de mil 200 millones de pesos.

Laura Torres, designada secretaria de Integración y Bienestar Social, es hija del empresario hotelero Hugo Torres Chauvert, dos veces alcalde de Playas de Rosarito. Es antropóloga y buscó ser alcaldesa de Playas de Rosarito en 2016 y 2019.

En tanto, Héctor Mares, nombrado oficial mayor, formó parte del equipo del presidente Carlos Salinas de Gortari en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y desde hace una década está vinculado a Jaime Bonilla. Es uno de los fundadores de Morena en varios estados.

Con información de La Jornada Baja California