El Senado se prepara para regresar por segunda ocasión las propuestas presidenciales para magistrados anticorrupción. En julio pasado, el pleno senatorial acordó devolver al Ejecutivo federal los candidatos al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), que desde abril de 2017 remitiera a esa Cámara el entonces presidente Enrique Peña Nieto, pero que no lograron el aval de las fuerzas políticas.

El martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió al Senado, para su ratificación, los nombramientos de Eber Betanzos Torres, Alfonso Pérez Daza y Natalia Téllez Torres como magistrados de la tercera sección de la Sala Superior del TFJFA.

Los dos primeros están ligados al PRI y al PAN, laboraron en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y en la Secretaría de la Función Pública en los sexenios de Peña Nieto y de Felipe Calderón, y no cuentan con el aval de la mayoría de Morena.

De acuerdo con versiones de legisladores del grupo mayoritario en el Senado, su nombramiento les causó extrañeza, ya que el presidente López Obrador se ha manifestado en contra de la figura de magistrado anticorrupción.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al inicio de la legislatura, como senadora, presentó una iniciativa para eliminar a los llamados magistrados anticorrupción, ya que consideró violatoria de la Constitución la reforma de julio de 2016 que modificó la Ley Orgánica del entonces Tribunal Fiscal, para regular su nueva estructura, funciones y atribuciones.

Se creó una tercera sección de la Sala Superior, cuyos magistrados se encargarán de fincar sanciones económicas y administrativas a los servidores públicos y particulares responsables del desvío de recursos y de otros ilícitos que deriven en daños y perjuicios a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

En su iniciativa, que está en comisiones, Sánchez Cordero propone desaparecer a los magistrados anticorrupción, pero el Ejecutivo los mantiene y propuso ya a los candidatos a la Sala Superior, que no son del agrado de Morena.

Los tres candidatos cuentan con carrera judicial, y de acuerdo con el escrito elaborado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República –que encabeza Julio Scherer– son idóneos para ocupar el cargo de magistrados anticorrupción, ya que acreditaron conocimientos en transparencia, rendición de cuentas y demás materias especializadas de la normativa que deberá aplicar en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Los más cuestionados por los senadores de Morena son Eber Betanzos y Alfonso Pérez Daza, por su cercanía con el PRI y el PAN.