El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio un viraje a la política social al eliminar intermediarios y entregar de forma directa los apoyos monetarios con tarjetas. Ahora hay énfasis en la ayuda a los habitantes de 68 años en adelante, para lo cual se destinó 214 por ciento más recursos que el último año del sexenio pasado, al pasar de 35 mil millones de pesos en 2018 a 110 mil millones este año.

La pensión para cada adulto mayor aumentó más de 100 por ciento, al pasar de mil 160 pesos bimestrales a 2 mil 550, y se incluyó a quienes tienen seguridad social. Había 5.1 millones de personas afiliadas hasta el final del sexenio pasado, y ahora son 8 millones. La meta son 8.8 millones de personas de más de 68 años en general, y a partir de 65 años en el caso de indígenas.

Durante los primeros meses del año hubo retrasos en las entregas, pero se normalizaron después del primer semestre.

El gobierno busca garantizar en la Constitución los apoyos para los mexicanos con menos recursos y más vulnerables, como los adultos mayores y la población con discapacidad permanente. Para ello envió una iniciativa a la Cámara de Diputados, con lo que difícilmente otro gobierno los cancelaría.

Hay tres programas básicos en la Secretaría de Bienestar, que este año concentraron la mayor cantidad de recursos, y en 2020 tendrán 171 mil millones de pesos de los 181 mil millones asignados a la dependencia (78 mil millones más que en 2018): la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, a la que se dieron 129 mil millones de pesos; Sembrando Vida, con 28 mil millones, y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, con 14 mil millones de pesos. Estos dos últimos fueron creados en la actual administración.

Debido a este cambio en la política social desapareció Prospera, el principal programa de los cuatro sexenios pasados. Con este plan de transferencias condicionadas se entregaban apoyos a las madres al comprobarse la asistencia de los niños a las escuelas y centros de salud. Las vocales del programa operaban como intermediarias en las localidades y las beneficiarias se quejaban de que se les obligaba a hacer limpieza en escuelas, clínicas y a trabajar en los comedores comunitarios. Este año se convirtió en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y pasó a la Secretaría de Educación Pública.

Otro cambio se dio en el programa de estancias infantiles, creado hace 13 años durante el gobierno de Felipe Calderón. En 2018 había 9 mil guarderías afiliadas, a las cuales se daba el apoyo por cada niño que atendían. En el presupuesto 2019 se les asignaron 2 mil millones de pesos, la mitad de un año antes, y se desataron las protestas. El gobierno determinó cancelar el plan con el argumento de que se hacían cobros indebidos a los padres, había malversación de recursos y que detrás de las manifestaciones estaba el Partido Acción Nacional.

Se convirtió en Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, con lo cual los recursos dejaron de entregarse a las estancias y se otorgan en forma directa a cada padre por cada niño de hasta cuatro años. Hasta septiembre pasado sumaban 186 mil menores afiliados.

También se cancelaron los comedores comunitarios, creados en el sexenio pasado. En 2018 había 5 mil 565 locales, de los cuales 2 mil se ubicaron en el estado de México y mil 200 en Guerrero. Asimismo, desapareció el Programa de Jornaleros Agrícolas, y el de empleo temporal se transformó en el de bienestar de las personas en emergencia social o natural.