El Ministerio Público federal reservó por cinco años el contenido de las dos carpetas de investigación en las que se indaga y por las cuales se solicitaron órdenes de captura en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, al considerar que se vulneraría la posibilidad de sancionar a otros ex servidores públicos relacionados con los presuntos sobornos que entregó la constructora Odebrecht al ex funcionario.

Por otra parte, un tribunal colegiado en materia penal declaró infundados los recursos de queja presentados por Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex funcionario, y su esposa Marielle Helene Eckes, en contra de la negativa de un juez federal deaceptar datos de prueba parademostrar que no cometieron algún delito por el caso de sobornos de Odebrecht.

En respuesta a una solicitud de información pública realizada por un ciudadano, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que en contra de Lozoya Austin siguen abiertas o en trámite las carpetas identificadas como FED/SEIDF/CGI-0000117/2017 y FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019. En la primera se le menciona como presunto responsable de los crímenes de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, mientras que en la segunda se le acusa de uso indebido de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten.

Asimismo, se señala que las autoridades federales no han decretado ningún acuerdo de no ejercicio de la acción penal en algún otro expediente iniciado contra Lozoya Austin, y que la defensa del ex funcionario ya conoce el contenido de ambas carpetas de investigación.

Los dos casos ya han sido judicializados y se emitieron las correspondientes órdenes de aprehensión, sin embargo, el Ministerio Público refiere que el contenido de las indagatorias no puede darse a conocer de manera pública toda vez que ello constituye un riesgo porque limitaría la capacidad de esta institución para prevenir los delitos.

Sobre los recursos declarados infundados, Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del juzgado primero de distrito de amparo en materia penal, desechó en su momento las pruebas que presentaron la esposa y madre de Lozoya, por considerarlas inviables. Con ellas pretendían demostrar cómo fue que se adquirió una casa en Ixtapa, Guerrero, que habría sido pagada presuntamente con recursos obtenidos de un soborno.