La Cámara de Diputados dio el segundo paso en el proceso para un juicio político contra Rosario Robles Berlanga, quien es señalada de violaciones reiteradas a la Constitución y permitir el desvío multimillonario de recursos públicos. Las comisiones unidas de Gobernación y Justicia aprobaron la resolución de la subcomisión de Examen Previo, y por la tarde el pleno cameral fue enterado de que Pablo Gómez Álvarez presidirá la Sección Instructora encargada de elaborar el proyecto de dictamen que se elevará al Senado de la República en febrero.

Así, éste órgano se constituirá en jurado de acuerdo al artículo 110 de la Constitución, al colocarlo como responsable de desahogar el juicio político en su fase de sentencia. Se estima que la Sección Instructora tendrá listo el proyecto de dictamen a mediados de febrero. Y así, ésta lo derivará al Senado de la República para su procesamiento.

Las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia aprobaron ayer la resolución de la Subcomisión de Examen Previo, por la que se consideran procedentes las denuncias de juicio político en contra de Rosario Robles Berlanga. Se indica la oportunidad de incoar (llevar a cabo) el proceso de juicio político en virtud de los razonamientos y fundamentos jurídicos expuestos en todos y cada uno de los considerandos que integran la resolución definitiva.

El procedimiento se deriva de las denuncias presentadas por Luis Alberto Villarreal García (panista, y conocido por solicitar moches a presidentes municipales de su partido cuando coordinó la bancada en San Lázaro), Silvano Aureoles Conejo (actual gobernador de Michoacán) y Tatiana Clouthier Carrillo (diputada de Morena).

Sobre el particular, el diputado Enrique Ochoa Reza, ex presidente del PRI e integrante de la Comisión de Justicia, expuso la razón de su voto en contra del documento: Voté en contra porque hay violaciones al debido proceso, y la Comisión de Justicia debe ser el primer garante del debido proceso. El juicio político tiene dos posibles castigos: la destitución o la inhabilitación, y, en el caso de Robles, ella ya no es funcionaria y ya fue inhabilitada. Además, una de las acusaciones se remite a cuando ella era secretaria de Desarrollo Social, ya pasó más de un año de que dejara dicha función, y por lo tanto ya prescribió. Tratan de hacer leña del árbol caído. Lejos de hacer justicia parece una persecución política.

Y más tarde, al darse a conocer la conformación de la Sección Instructora, con Pablo Gómez Álvarez (presidente), Martha Patricia Ramírez Lucero (secretaria), Ivonne Liliana Álvarez García (integrante) y Ana Ruth García Grande (integrante), se generó la polémica desde las filas del PAN.

Con encono, Laura Rojas, quien preside la mesa directiva, Juan Carlos Romero Hicks y Raúl Gracia, reprocharon el inexistente respeto a la proporcionalidad de los partidos políticos ya que a pesar de que el PAN se mantiene como la segunda fuerza en el Congreso –con 22 por ciento de los escaños– fue desplazado por la mayoría encabezada por Morena.