Ayer comenzó el juicio a tres ex servidores públicos a quienes se acusa de ser los autores materiales de la desaparición forzada del ambientalista Sergio Rivera Hernández, ocurrida en agosto de 2018, la cual habría sido motivada por la oposición del luchador social a un proyecto hidroeléctrico en Sierra Negra, Puebla, de acuerdo con compañeros de la víctima.

Dicho proceso judicial –uno de los primeros sobre desaparición forzada en el país– dio inicio de manera accidentada, luego de que el juez encargado del caso se negara a que los testigos y los propios imputados de los hechos pudieran contar con un intérprete, pese a saber que no hablan español, señaló Karla Michel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.

Omar Esparza, integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista y compañero de lucha de Sergio Rivera, destacó que en las audiencias iniciadas ayer se va a decidir si las tres personas que ya están detenidas, acusadas por la desaparición del defensor del territorio, son culpables de ese acto delictivo o si son liberadas. El gobernador Miguel Barbosa debería dar garantías para los testigos de la desaparición de nuestro compañero, pero como en muchos casos más, no tienen ninguna medida cautelar, lamentó Esparza.