La Fiscalía General de la República (FGR) busca evitar una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en la cual le ordenaron hacer públicos los nombres de prácticamente todos sus agentes del Ministerio Público Federal (MPF), fiscales y orientadores. La FGR llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que admitió una controversia constitucional sobre el tema y le otorgó una suspensión.

La solicitud de información fue presentada ante la FGR por un ciudadano, quien pidió conocer el nombre y cargo de todo el personal de varias de sus subprocuradurías y fiscalías especializadas en la investigación de delitos como tortura, contra la salud, desaparición forzada, secuestro y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Varias de estas áreas están encargadas de la investigación de casos relevantes, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Información reservada por cinco años

La petición fue rechazada por el Comité de Transparencia de la FGR, que en su sesión del 9 de julio pasado ordenó reservar esta información por cinco años, con base en el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La FGR señaló: Dadas las funciones y la naturaleza de diversas personas que realizan actividades operativas dentro de esta Fiscalía, al hacerlas identificables, proporcionando sus nombres, podría poner en riesgo sus vidas, seguridad y salud, así como las de sus familias.

Ante la negativa, el ciudadano llevó el caso ante el Inai en el recurso de revisión RRA 948/19, cuyo pleno decidió que si bien los nombres completos del personal en labores de riesgo sí podrían reservarse, no había razón legal para dar a conocer una versión pública, identificando a la mayoría de los funcionarios, sobre todo a mandos medios y altos.

Por ello la FGR llevó el tema hasta la SCJN, mediante la controversia constitucional 325/2019, la cual quedó a cargo del ministro Javier Laynez Potisek, quien otorgó a la fiscalía una suspensión, que le permitirá no cumplir con la resolución del Inai, en tanto la Corte no defina quién tiene la razón en este caso.