Santiago. El presidente Sebastian Piñera reconoció que la policía (Carabineros) pasó por encima de sus propios límites durante la represión de las manifestaciones, que suman cuatro semanas en Chile, y que se han cometido violaciones a los derechos humanos.

Lamentablemente, a pesar del firme compromiso para proteger los derechos humanos, en algunos casos no se respetaron los protocolos (policiales), hubo uso excesivo de la fuerza, abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos, admitió Piñera la noche del domingo, después de cinco días de total ausencia pública.

En el mes transcurrido desde que prendieron las protestas (18 de octubre), las cifras oficiales indican que hay 23 muertos, cinco de ellos por disparos de uniformados; más de 6 mil 300 detenidos (759 menores de edad) y 2 mil 391 heridos (41 por balazos, 964 por perdigones, de las cuales 222 tienen heridas oculares, y 909 por golpizas u otro). El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 384 acciones judiciales.

La víctima mortal más reciente se contó el sábado 16, cuando Abel Acuña, de 29 años, aparentemente sufrió un paro cardiaco en la Plaza Italia. Hay evidencia gráfica de que cuando los paramédicos buscaban rescatarlo para llevarlo a un hospital, su esfuerzo fue abiertamente perjudicado por la policía. El Colegio Médico y el Servicio de Atención Médica de Urgencia confirmaron que las fuerzas especiales agredieron al equipo médico con chorros de agua, gas lacrimógeno y disparos con armas antidisturbios, lo que retrasó la reanimación del paciente. La socorrista que atendía fue herida en una pierna y Abel falleció 15 minutos después.

La violencia policial ha sido implacable y abiertamente animada por la oficialidad superior. Apenas el miércoles 13 se filtró un audio, reconocido como auténtico, en el cual la máxima autoridad de carabineros, general Mario Rozas, hablando a la tropa, promete impunidad. Tienen todo el apoyo, todo el respaldo, de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por un procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer, dijo, desatando los aplausos. Carabineros después aclaró que se refería a decisiones sin un previo sumario interno.

Pero la presidencia de Piñera quedará marcada por la represión con que respondió a la movilización social. La actuación policiaca y del ejército comenzó a ser escrutada en terreno por observadores del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La semana pasada, en Quito, comisionados de la CIDH reprendieron a representantes del gobierno chileno que justificaban la violencia del Estado.

El presidente, sabedor del riesgo que corre, se comprometió a que todos los casos sigan siendo investigados para que en función del mérito de la causa puedan ser conocidos y juzgados. Además de disculparse y ofrecer condolencias, aseguró que dará asistencia para que la Fiscalía y tribunales cumplan con su función de investigar y hacer justicia.

Prometió que no habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia ni con aquellos que cometieron abusos.

También reconoció que el martes 12 estuvo a un tris de sacar al ejercito nuevamente a la calle.

Para mañana y el miércoles se anuncia una segunda huelga general, convocada por la Mesa del Sector Público, que agrupa a 16 gremios.

Las manifestaciones entran en su quinta semana y si bien su masividad se redujo, siguen fuertes y lejos de terminar, pese a que el viernes 15 un arco de fuerzas políticas suscribieron un pacto para abrir un camino legal hacia una convención constituyente que redacte una nueva Carta Magna.

Sectores opositores que se excluyeron del pacto y también desde la ciudadanía, temen que el requisito de que los acuerdos y normas sean aprobados por dos tercios de los delegados convencionales frustre el objetivo de terminar con los enclaves autoritarios incorporados a la Constitución pinochetista para consagrar inamovible el modelo neoliberal.

Pero quienes defienden el pacto, sostienen que la nueva Constitución se redactará desde una hoja en blanco, lo cual significa que en aquellas materias sin sumar dos tercios de aprobación, no prevalecerá el contenido actual, sino que se legislarán después en el Parlamento y que podrán aprobarse por mayorías simples y no con quórums calificados, como ocurre actualmente.

En la sociedad civil también se expresan urgencias respecto de que la convención constitucionalista sea representativa de la diversidad social, y que no sea acaparada por la clase política, cuyas principales representaciones (Parlamento y partidos) tienen más de 90 por ciento de rechazo y desconfianza ciudadana.