La Paz. La Biblia, dice el líder aymara Gonzalo Quenallata, es un adorno en la mano de las cabezas del gobierno de facto de Bolivia. A nombre de Dios nos están matando, nos están baleando, están haciendo masacre.

Lo rodean decenas de ponchos rojos que avalan con consignas cada una de sus palabras. Gritan contra los policías y los militares, contra el ultraderechista Luis Fernando Camacho y contra la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.

Los indígenas llenan las calles que circundan la Plaza Murillo, el centro del poder político boliviano. Quenallata sintetiza lo que dicen hombres y mujeres aquí y allá, terminada su marcha, cuando se reúnen en pequeños círculos para deliberar y para hablar, tras las presentaciones correspondientes, sólo con la prensa extranjera, porque no quieren saber nada de los medios bolivianos.

Resume Quenallata:

“Estamos luchando porque nuestra whipala (la bandera multicolor que representa la pluralidad étnica del país) ha sido quemada por la policía nacional de Bolivia.

“Exigimos la salida de la supuesta presidenta…

Durante 13 años hemos vivido lo que ellos llaman dictadura y ahora, en plena democracia, en menos de una semana hay más de 25 muertos.

Se pregunta al líder aymara si detrás del golpe está lo que el vicepresidente en el exilio, Álvaro García Linera, define como el odio al indio.

Asiente y sigue: “El gran problema de nuestro presidente ha sido ser indio, por eso desde acá quiero decirles, los indios aquí estamos y desde acá el mensaje a nuestro hermano presidente de que se cuide… Agradezco a los hermanos mexicanos que lo tienen allá bien cuidado”.

La veintena de personas con las que habló este diario se emocionan cuando hablan del mandatario en el exilio, algunas hasta las lágrimas. Todos le llaman el Evo, y le mandan decir lo que resume el hombre metido en el poncho rojo: Con más de 80 por ciento que estamos a tu lado, hermano presidente, quisiera que vuelvas.

La mayor parte de las víctimas de la represión ha caído en Cochabamba, el bastión de Evo Morales, mandatario de Bolivia en el exilio.

En la capital han cesado los bloqueos que se mantienen en la conurbada ciudad de El Alto, pese a los llamados al diálogo del gobierno golpista. Llamados, claro, que se acompañan de amenazas a ex funcionarios del gobierno, legisladores y dirigentes del Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales.

Los efectos de las movilizaciones en otras partes del país, sin embargo, llegan hasta la capital no sólo en la indignación de los manifestantes, sino también en el desabasto que ha dejado a la ciudad sin servicio de recolección de basura, a las estaciones de servicio sin gasolina, a las fonditas sin gas y a las mesas de los paceños sin pollo, carne de res y algunas frutas.

La crisis política también está en las paredes. Aunque sólo un bando siga en las calles, las pintas recuerdan el choque que surgió con las elecciones del 20 de octubre.

Mi voto vale, indios, se lee en una pared muy cerca de la embajada de México, donde se encuentran refugiadas 24 personas, entre ellas altos funcionarios del gobierno de Morales.

A unas cuantas calles, la llegada de un camión cargado de pollos provoca una larga fila que da vuelta a la manzana. La gente seguía formada pese a que evidentemente el producto no alcanzaría para todos.

Frente a la fila del pollo, como en toda la ciudad, perviven los restos de la batalla callejera. Pintas y más pintas a favor y en contra de Evo Morales. Evo cabrón, “Evo narco”, Evo ecocida, dicen algunas, y encima alguien pegó copias de la carta con la que Morales renunció a su cargo el pasado 6 de noviembre.

“Pacos de mierda”, se lee en las inmediaciones de una universidad, en el centro. Claro, una pinta anterior al momento en que los pacos (policías) se le voltearan al presidente Morales, preámbulo de la sugerencia militar para que dejara el poder.

Del otro lado, los partidarios del gobierno del MAS dejaron sus huellas en la batalla: Mesa miente, en referencia al ex candidato presidencial opositor. Golpistas, racistas, cabrones, las tres palabras con una suástica tachada.

En el centro, los manifestantes que ingresan al Mercado Lanze, de puros puestos de comida, tienen dificultades para sentarse: la mayor parte de los negocios están cerrados sencillamente porque no tienen gas para cocinar.

En el mercado negro, la gasolina se consigue (cada vez menos) a tres veces su precio normal y lo mismo ocurre con los alimentos.

En la radio, un programa de consejos de belleza y cocina es interrumpido por anuncios de la alcaldía que piden a los habitantes de la ciudad no sacar la basura de sus casas.

Luego, los locutores dedican un largo rato a pedir a los habitantes de Los Altos que denuncien a las personas que los obligan o los amenazan para asistir a marchas en favor de Evo Morales. Los conductores, entre risas, proporcionan el número telefónico 800 que la policía ha habilitado para tales denuncias.

El breve gobierno de Áñez se ha especializado rápidamente en el doble juego. Mientras hace llamados al diálogo, asegura que está buscando fórmulas para ir a nuevas elecciones sin acuerdo con el MAS, la fuerza política mayoritaria (cuenta con dos tercios del Congreso).

Arturo Murillo, ministro de Gobierno, anuncia la creación de un órgano especial de la fiscalía para ir contra los legisladores que promuevan actos de subversión y sedición, al tiempo que dice que irán dando a conocer sus nombres.

Horas después, Karen Longaric, ministra de Relaciones Exteriores de la autoproclamada presidenta, dice que otorgarán salvoconductos a 24 personas que se encuentran refugiadas en la embajada de México.

¿Viajarán a México? Puede ser, pero ayer al mediodía este diario atestiguó el ingreso de un camión con víveres a la sede diplomática.