Los siete candidatos a dirigir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inconformes con la llegada de Rosario Piedra Ibarra han interpuesto cinco demandas de amparo contra el proceso de designación –distintas a las recientemente desechadas por jueces de distrito–, y en los siguientes días presentarán dos más.

Así lo informó Carlos Pérez Vázquez, uno de los aspirantes descontentos, quien señaló que el punto principal de las demandas es que al ignorar sus argumentos para impugnar la designación de Piedra, el Senado los está dejando sin derecho a la defensa, lo cual no sólo es contrario a la Constitución, sino también a diversos convenios internacionales.

En entrevista con La Jornada, el académico e investigador explicó que aunque el artículo 61, fracción V, de la Ley de Amparo señala que dicha figura jurídica no puede utilizarse para impugnar los nombramientos hechos por el Congreso, dicho apartado no se aplica en el caso de Piedra, pues el Senado estaría dejando sin recursos de defensa a los candidatos inconformes.

De igual manera, indicó que el artículo 102, apartado B, de la Constitución obliga al Senado a realizar una amplia auscultación para definir los nombres de la terna, pero como dicho órgano legislativo realmente no tomó en cuenta los indicadores y preguntas que servirían para designar a los finalistas, estaría violando la ley.

Por lo anterior, si los candidatos inconformes no contaran con ningún medio de defensa ante la decisión de la cámara alta de nombrar a Piedra Ibarra, eso violaría el derecho de acceso a la justicia, consagrado en la Constitución y en convenios internacionales, concretamente la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

De igual forma, Pérez Vázquez adelantó que los siete aspirantes (Alberto Athié, Rosy Laura Castellanos, Michael Chamberlin, Rosalinda Salinas, Manuel Alejandro Vázquez, Alberto Xicoténcatl y él mismo) pedirán al Senado que explique si Piedra Ibarra era elegible en la CNDH debido al alto cargo político que tuvo en Morena hace menos de un año y que ordene la reposición del procedimiento.

Por su parte, Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, confirmó que se unirá a la presentación de los amparos por considerar que una cosa es la lucha social a favor de las personas desaparecidas que desarrolla el Comité Eureka y otra deslegitimarse por imposición en un cargo público, como ocurrió con la designación de Piedra Ibarra.

“Reconozco profundamente la lucha del Comité Eureka por las personas desaparecidas en México. Sin embargo, la calidad moral (de Piedra) deja mucho que desear al aceptar un puesto de esta magnitud sin que se haya considerado un debido procedimiento en la designación. Refleja que, por desgracia, la nueva ombudsperson no tiene calidad moral para presidir una institución tan importante”, consideró.