Madrid. Francisco González, quien fue presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) entre 2000 y 2018, fue imputado por la Audiencia Nacional de España por los delitos de cohecho y revelación de secretos, al desvelarse una trama en la que habría una red de espionaje a empresarios de la competencia o con deudas con la entidad.

La pista de los supuestos delitos está en el pago de más de 10 millones de euros al ex comisario de policía José Manuel Villarejo, actualmente en prisión y un personaje turbio que trascendió por su enorme influencia en personalidades con poder y por su inmensa fortuna, para lo que incluso creó una red de sociedades mercantiles con más de 40 sedes. El ex banquero español está citado a declarar ante los juzgados el próximo 18 de noviembre, en la misma causa abierta contra otros altos directivos de la entidad durante su gestión.

El juez español Manuel García-Castellón, titular del juzgado de instrucción número seis, decidió abrir nuevas diligencias en torno a la trama que afecta el funcionamiento del BBVA durante casi dos décadas y que ahora sí toca directamente al que fuera su máximo responsable, Francisco González, figura clave en la expansión de la entidad financiera en América Latina, en general, y en México, en particular.

González dejó el cargo en 2018 y fue nombrado presidente honorario, con la encomienda de centrar su atención en las actividades de la fundación, pero el inicio de esta investigación y la gravedad de los hechos indagadas, en los que desde su origen se le señalaba como responsable, le hizo dimitir del cargo sólo tres meses después haberlo asumido.

El juez investiga una trama que habría durado más de 13 años en los que el ex comisario Villarejo recibió hasta 10 millones de euros para espiar a empresarios, tanto a los que estaban maniobrando en el mercado bursátil y en el propio consejo de accionistas para hacerse más fuertes o asumir el control de la entidad, como a los que acumulaban deudas importantes con el banco. Es el caso de Luis del Rivero, de la constructora –hoy en quiebra– Sacyr, que maniobró en 2004 para expandir su control en el BBVA, en una época en la que también intentó lo mismo aunque sin éxito en la petrolera Repsol y siempre bajo la connivencia o el beneplácito del gobierno de entonces, del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y de su ministro de Economía, Miguel Sebastián.

La tesis de la Fiscalía y del propio juez que investiga la trama es que junto a Francisco González también hubo importantes directivos de la entidad involucrados en estas prácticas delictivas, entre ellos Juan Asúa, actual asesor del presidente del BBVA, Carlos Torres; de Eduardo Arbizu, ex responsable jurídico de la entidad; de Manuel Castro, ex jefe de riesgos; de Eduardo Ortega, director de los servicios jurídicos; y de otro directivo del banco, José Manuel García Crespo. Todos ellos deberán comparecer el 18 de noviembre, que será el día en el que finalmente el juez delimitará su marco de actuación y analizará hasta qué punto está involucrado el propio González en la trama delictiva.

Desde su despacho, el ex presidente del BBVA emitió un comunicado en el que se limitó a asegurar que tiene plena disposición a colaborar con la justicia y agregó que en mayo de 2018, nada más tener conocimiento a través de lo publicado en un medio de comunicación de la contratación de la empresa Ce-nyt, vinculada al ex comisario Villarejo, por parte del banco, impulsé una investigación interna en BBVA para depurar responsabilidades. Sin embargo, tanto el juez como la Fiscalía tienen en su poder una serie de grabaciones de Ángel Cano, consejero delegado en el periodo de González, y de Julio Corrochano, jefe de seguridad del banco durante este periodo, en el que se les escucha manteniendo conversaciones comprometedoras, tanto para ellos como para sus entonces jefes, con el ex comisario. Fue el propio Villarejo, desde prisión y acorralado por las numerosas causas pendientes en su contra, quien dio a conocer esas grabaciones.