Jueves 14 de noviembre de 2019, p. 37
Con el tema presupuestario, uno de los principales desafíos que enfrentan las universidades públicas es la formación integral de los alumnos en el uso de las nuevas tecnologías, ante al vertiginoso avance de la revolución 4.0, señaló la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), en las conclusiones de la Conferencia Internacional 2019 realizada en el Puerto de Veracruz.
De igual forma, denunció que ya son varias leyes orgánicas de instituciones de educación superior que han sido modificadas por los congresos y gobiernos locales sin conocimiento de sus comunidades universitarias, violentando así el principio constitucional de su autonomía.
Hemos sido testigos de intervenciones en los procesos electorales o de designación de rectores y de acciones que atentan contra la facultad de autogobierno, imponiendo órganos internos de control, electos y removidos por los congresos estatales, con el argumento de establecer el andamiaje constitucional y estatal del sistema nacional anticorrupción
, dijo el secretario general ejecutivo de la asociación que agrupa a 193 instituciones de educación superior del país, públicas y privadas.
Durante dos días, académicos y especialistas internacionales, junto con rectores de universidades y directores de instituciones de educación superior, abordaron el tema central de la educación 4.0, la formación dual y los perfiles globales de egresados y sus campo de acción en la sociedad, así como el futuro de los sistemas de educación superior frente a los avances tecnológicos.
Entre los puntos coincidentes, se destaca que sin educación superior no hay desarrollo; la innovación y las tecnologías de vanguardia deben ser los principales ejes estratégicos de las instituciones de este nivel, con la finalidad de lograr igualdad de oportunidades y movilidad social.
La Anuies se dijo convencida de trabajar sobre cinco líneas: promover una estructura de gobernanza; ampliación de la cobertura con calidad y con un concepto de inclusión; atender los problemas estructurales de las instituciones de educación superior; resolver la insuficiencia casi crónica del financiamiento, y la necesidad de articular un gran acuerdo nacional en materia de educación superior.