Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó ayer a escuchar los argumentos que respaldan la decisión del presidente Donald Trump de terminar con el programa que protegía de la deportación a los dreamers, llegados al país sin papeles acompañando a sus padres cuando eran niños.

Al igual que más de 600 mil dreamers (soñadores), Rosa Barrientos está en el limbo jurídico desde que Trump eliminó en 2017 el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Esa disposición les ha permitido trabajar, estudiar y conducir y ha evitado su deportación a países que muchos de ellos no recuerdan. Ahora, su destino está en análisis del máximo tribunal.

Rosa, de 25 años, viajó de Los Ángeles y acampó desde el domingo bajo el frío y la lluvia, junto a decenas de otros dreamers, fuera del edificio de la Corte Suprema para poder entrar en el recinto este martes. Esta audiencia va a tener un impacto directo en mi vida, expresó la joven llegada desde México a Estados Unidos cuando tenía cuatro años.

La decisión de Trump será analizada por los nueve jueces que componen el tribunal. Cinco de ellos son conservadores, dos de los cuales fueron nombrados por el presidente republicano.

En la mañana, Trump escribió en Twitter que muchos de los beneficiarios de este programa ya no son tan jóvenes y están lejos de ser ángeles, e indicó que algunos son criminales curtidos. Trump señaló en el tuit que cuando su predecesor, Barack Obama, creó el programa, no tenía facultades legales: Si la Corte Suprema remedia esto con una revocación, se va a llegar a un trato con los demócratas para permitirles quedarse.

Suspensión caprichosa

Según el Servicio de Ciudadanía y de Inmigración, hay 660 mil beneficiarios del DACA, de los cuales 529 mil 760 (poco más de 80 por ciento) llegaron desde México. Otros provienen de países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Corea del Sur y Brasil.

Los tribunales que tomaron los recursos a favor de los dreamers señalaron que la suspensión del programa fue decidida de forma arbitraria y caprichosa, pero el representante del gobierno ante la Corte Suprema, Noel Francisco, argumentó en septiembre que el procedimiento para terminar con DACA fue legal y racional.

Si la Corte da la razón a Trump, los dreamers no serán expulsados automáticamente, pero se convertirán en indocumentados, con los riesgos que esto implica.

El congresista Jesús Chuy García, que se unió a la multitud que espera fuera del tribunal, señaló que si estos jóvenes pierden su estatuto, son susceptibles de ser deportados. El gobierno tiene los datos de donde viven, donde trabajan, en los archivos para los cuales tuvieron que registrarse. Hay familias que viven con miedo, explicó el representante del cuarto distrito de Illinois.

El DACA estuvo a principios de este año en el centro de un enfrentamiento entre el mandatario republicano y los legisladores demócratas, que derivó en una paralización parcial del gobierno federal por más de un mes por falta de financiamiento. Trump ofreció dar protección temporal a los dreamers a cambio de que le aprobaran 5 mil 700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México. El planteamiento fue rechazado. Trump decidió ir a la Corte Suprema para que ellos hagan el trabajo sucio de terminar con el programa, para que él pueda usar a los beneficiarios de DACA como moneda de cambio, aseveró Daniel Briones, dreamer de 30 años que vive en Texas.

El caso también podría redefinir los límites de la autoridad del Ejecutivo, indicó Steven Schwinn, académico de derecho de la Universidad de Chicago. El caso plantea importantes preguntas sobre la capacidad del presidente de llevar a cabo políticas mediante la no aplicación de la ley y la discreción ejecutiva, indicó.