Quito. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una reprimenda pública al gobierno de Chile durante una audiencia en Quito, para conocer las actuaciones de la policía en las tres semanas de protesta social que dejan un saldo de 7 mil detenidos y más de 2 mil heridos, 197 con traumas oculares por disparos de perdigones.

Tras oír los cruentos informes acerca de aberrantes violaciones a los derechos humanos cometidas por carabineros, presentados por organizaciones civiles y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez, y luego de escuchar los descargos gubernamentales, los comisionados no se anduvieron con remilgos ni se mordieron la lengua para pronunciarse.

Hay más de mil 15 denuncias por violencia que incluyen fracturas de huesos, esguinces cervicales, vejaciones, abusos sexuales, tocamientos, desnudamientos, traumas oculares, niños baleados con munición de guerra y perdigones, apaleos indiscriminados, etcétera.

El relator para los derechos humanos en Chile, Luis Ernesto Vargas, criticó sin empacho el relato que entregó el abogado Mijael Bonito, del Ministerio del Interior, quien básicamente criminalizó la protesta e hizo un recuento de daños materiales y su costo de reparación, negando la cifra de heridos dada por el INDH (citó 833) y cifrando en mil 300 los policías heridos. Bonito también negó que los carabineros disparen perdigones de acero –algo comprobado en los hospitales–, sino que se trata, dijo, de balines de goma.

Tras oírlo, el comisionado Vargas le salió al paso: Hay informes diametralmente opuestos. Mientras la sociedad civil hace una cantidad impresionante de denuncias, el Estado se toma la gran mayoría del tiempo (de exposición) para referirse a los daños materiales producidos en el contexto de las protestas sociales. Y eso genera una gran distancia entre lo que debe ser un estado de derecho, si importan más los bienes materiales que la vida, que la integridad personal, ahí se marca una gran diferencia en la visión de las cosas, aseveró, ante la mirada atónita de los representantes oficiales.

Y continuó machacando: Cuando llegamos al tema de pérdida de vidas humanas y de lesiones, hay datos que sorprenden. La sociedad civil, que no tiene el monopolio de las armas, dice el gobierno que tiene 700 y tantos heridos. Pero los que están armados, sea cual fuere la manera de hacerlo, tienen casi el doble, cerca de mil 300. Esos son contrastes que tendremos que verificar cuando hagamos la visita al país.

Luego se refirió a la presentación de la Defensoría de la Niñez, que detalló 12 menores baleados, otros 26 heridos con perdigones y 56 con agresiones físicas.

Todo empezó al enfrentar a adolescentes, estudiantes, con militares. Cuando la respuesta penal debe ser la última, cuando la respuesta a los movimientos sociales es la militarización creciente en algunos estados, eso nada tiene que ver con el contexto de los derechos humanos y el respeto al derecho de las personas, criticó.

Homenaje a los jóvenes

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la jurista panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño, hizo emocionado homenaje a la juventud de Chile, protagonista insigne del levantamiento social.

Mi reconocimiento para los estudiantes, mi llamado para que el Estado chileno encuentre en la fuerza de los adolescentes una fuerza de progreso, de desarrollo y de compromiso. Están dándonos un enseñanza en la defensa de los derechos, aun poniendo en peligro su paz, sus espacios de diversión y de alegría, afirmó.

La jurista reclamó por la vulnerabilidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, repudió una ley aprobada por el Parlamento chileno denominada Aula Segura, que incluye la expulsión de alumnos sorprendidos en conductas violentas; y también las facultades atribuidas a carabineros para hacer control de identidad sin motivo.

La expulsión no puede ser la respuesta para atender derechos de niños; la exigencia de identidad, quisiera saber qué fundamentos legales hay para ese procedimiento, contrario a la protección que requieren. Si los adolescentes están involucrados, hay que tener una fórmula para tratar esa situación; no avalo violencia, lo que destaco es que el derecho a la protesta en esta etapa de la vida, obliga a las instituciones a asegurar que los derechos no sean vulnerados, expresó.