Madrid. El presidente del gobierno en funciones y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, anunció ayer un acuerdo de gobierno con la formación Unidas Podemos (UP), de Pablo Iglesias, que abre la vía al primer gobierno de coalición de izquierdas desde la segunda república española, en 1934. Además, de conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para formar gobierno, se espera desbloquear la parálisis que vive el país desde hace cuatro meses. En abril de 2018, Sánchez asumió como presidente tras una moción de censura que derrocó al gobernante conservador Mariano Rajoy.

Sánchez e Iglesias anunciaron por sorpresa un preacuerdo en el cual establecen 10 prioridades, sin que se fijen por escrito la distribución ni las competencias del futuro gobierno.

El pacto, sellado por ambos líderes en el Congreso de los Diputados, parecía imposible después de las disputas entre ambos por acaparar el voto de izquierda en una campaña electoral llena de recriminaciones y descalificaciones. Antes de las elecciones, un gobierno de coalición entre PSOE y UP no se había logrado debido a que Iglesias exigía para su partido cargos y dependencias que Sánchez consideraba excesivas, dada la votación obtenida.

El PSOE, con 120 diputados, será la referencia, mientras UP, con 35, intentará conseguir el mayor número de ministerios y al menos una vicepresidencia para su máximo líder.

Para sacar adelante el proyecto tendrán que buscar apoyos entre las formaciones de izquierda minoritarias, como Más País o el Bloque Nacionalista Galego, pero seguramente también deberán sumar a su causa a los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (13 escaños), EH-Bildu (cinco) y al gobernante Partido Nacionalista Vasco (siete).

El primer punto al que se comprometen ambos partidos es a la consolidación del crecimiento económico y combatir la precariedad del mercado laboral. El último reporte sobre desempleo, correspondiente a octubre, registra el peor índice de los últimos 12 años. El segundo punto del acuerdo es la lucha contra la corrupción y trabajar por la regeneración democrática. Uno de los principales problemas del sistema político español son los graves casos de corrupción descubiertos en los últimos años y que afectan, sobre todo, al derechista Partido Popular, pero también al PSOE y a otros partidos.

También destaca el compromiso a impulsar iniciativas que garanticen derechos fundamentales, como a una muerte digna, la salvaguarda de la diversidad y consolidar a España como un país de memoria y dignidad. Impulsar y dotar de recursos a la cultura es otro de los puntos de acuerdo.

En cuanto al conflicto en Cataluña ambos partidos prometen que el futuro gobierno tendrá como prioridad garantizar la normalización de la vida política.

Ambos tienen diagnósticos muy alejados del conflicto catalán; mientras el PSOE defiende el cabal funcionamiento de la justicia, UP habla de presos políticos, de tribunales arbitrarios y de aprobar medidas de excepción para indultar a los dirigentes catalanes condenados por su participación en la declaración unilateral de independencia fallida de octubre de 2017.

El anuncio del preacuerdo desató la furia de los partidos conservadores, sobre todo del ultraderechista Vox, que logró un histórico resultado con 52 diputados y se convirtió en la tercera fuerza política del país con casi 4 millones de votos. En un mensaje por redes sociales, su líder, Santiago Abascal, advirtió que el PSOE se abraza al comunismo bolivariano, a los aliados de un golpe de Estado, en mitad de otro, en referencia a la situación en Cataluña. Y remata: le haremos responsable de cada daño que produzcan a la convivencia y al orden constitucional.

El PP y Ciudadanos llamaron a Sánchez a que rectifique y no firme un pacto que, a su juicio, sólo debilitará al Estado y traerá más desempleo y pobreza.

Mientras, en Cataluña continúan las protestas en la frontera con Francia que se extienden de la Junquera –en Girona– a Irun, País Vasco. La protesta, convocada por la plataforma Tsunami Democrático, también provocó el caos vial en Barcelona, con el cierre de calles importantes del centro. Sus reivindicaciones siguen siendo la liberación de los políticos presos, el respeto al derecho de autodeterminación y la independencia.