La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emprender una reforma integral al sistema de pensiones y jubilaciones, en la que se establezcan condiciones o requisitos mínimos para otorgar pensiones contributivas y no contributivas, a través de un organismo especializado que garantice un ingreso en la vejez de todos los ex trabajadores y contribuya a la estabilidad de las finanzas públicas.

En el resultado de una auditoría de desempeño al régimen pensionario de beneficio definido, la ASF –a través del segundo informe parcial de la cuenta pública 2018– señala que las comisiones de Seguridad Social y Puntos Constitucionales deben establecer la pertinencia, primero, de elaborar un diagnóstico en el que se considere una reforma integral de la política de pensiones, a fin de atender la fragmentación de la misma, mediante una reforma constitucional en la que se otorguen facultades al Congreso de la Unión para emitir una ley de aplicación general.

Tal norma enunciaría las condiciones o requisitos mínimos para garantizar las pensiones en términos de cobertura, portabilidad de derechos pensionarios, financiamiento, participación del gobierno federal y sustentabilidad financiera.

En ese sistema coexistirían los diversos sistemas de pensiones, regulado y conducido por una entidad especializada en la materia, que conozca de la información de los tres órdenes de gobierno, a fin de garantizar el ingreso digno a los ex trabajadores inscritos en él.

También, el órgano fiscalizador emplaza a la Comisión de Hacienda y Crédito Público en San Lázaro para que exhorte a la mesa directiva de la Cámara de Senadores con el propósito de que, con sustento en los criterios de universalidad, protección básica y sustentabilidad financiera en el largo plazo, evalúe y en su caso apruebe la iniciativa de decreto en la que se reforman y adicionan los artículos 4, 71 y 123 de la Constitución en materia de seguridad social universal.

En esa petición también se halla implícito el mecanismo de financiamiento de la iniciativa de decreto, por el que se expide la Ley de la Pensión Universal y la Ley del Seguro de Desempleo, emitidas por el Ejecutivo federal y aprobadas por la Cámara de Diputados, a fin de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la seguridad social y contribuir a ampliar su acceso.

También se sugiere a la Cámara de Diputados que por conducto de la Comisión de Seguridad Social promueva modificaciones a la Ley del Seguro Social, a fin de incluir las disposiciones necesarias para que se establezcan los términos y condiciones para realizar la portabilidad entre los diferentes órdenes de gobierno, y se faculte al IMSS para suscribir convenios de portabilidad con otros sistemas que operen otros esquemas de seguridad social compatibles.

Esto garantizaría la protección de toda persona, ante las consecuencias de la desprotección, de la vejez y de la incapacidad, que procedente de cualquier causa ajena a su voluntad, imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia en términos de lo establecido en el artículo primero de la Constitución, así como del artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.