Aunque en México ha habido ciertas mejoras en las condiciones de diversos centros penitenciarios, tanto federales como locales, en dichos sitios todavía persisten abusos e irregularidades, los cuales pueden ser foco de inseguridad, violencia, corrupción e impunidad si no se vigilan adecuadamente, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al dar a conocer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, el ombudsman Luis Raúl González Pérez indicó que los sistemas carcelarios del país mostraron una calificación ascendente en términos generales.

Las prisiones estatales, por ejemplo, obtuvieron una valoración promedio de 6.75 este año, contra el 6.21 que se reportó en 2015. Al mismo tiempo, al sistema carcelario federal (incluyendo las prisiones militares) se le otorgó una calificación de 8.12, mientras en 2015 fue de 7.64.

Lo anterior significa una mejora en la calificación nacional promedio de 6.92 a 7.43 en el periodo mencionado, todo ello en una escala del uno al 10.

En la presentación del diagnóstico, González Pérez y la tercera visitadora general de la CNDH, Ruth Villanueva, indicaron que cuatro estados alcanzaron calificación mayor a ocho: Querétaro, Tlaxcala, Coahuila y Guanajuato, mientras 25 entidades obtuvieron una evaluación de entre seis y ocho. Asimismo, Veracruz, Guerrero y Tamaulipas obtuvieron un grado menor que seis.

Aunque saludaron los avances obtenidos en esta última medición –especialmente los de los centros de reclusión femeniles– el ombudsman y la visitadora señalaron que en los penales estatales sigue habiendo diversas fallas, entre ellas insuficiencia de personal y de actividades laborales, deficientes condiciones materiales de equipamiento e higiene, así como separación deficiente entre procesados y sentenciados.

De igual manera, hicieron ver que sigue ocurriendo una preocupante falta de prevención y atención de incidentes violentos, además de cobros indebidos y fenómenos de autogobierno o cogobierno con las autoridades.

Por lo que se refiere a los centros federales, alertaron que en 16 de 17 establecimientos analizados hay insuficiencia de personal, deficiencia en los servicios de salud, falta de médicos y medicamentos, carencias en la atención a adultos mayores e insuficiencia de actividades laborales, de capacitación, educativas y deportivas.

En cuanto a las prisiones militares, la CNDH documentó carencia de actividades laborales y de capacitación, falta de separación adecuada entre procesados y sentenciados e insuficientes vías de remisión de quejas.